El PP de Orihuela dice que el agua no es problema para aprobar 2.570 viviendas con informes en contra
"El agua aquí no debe ser un problema para el desarrollo de la Vega Baja", aseguró el concejal de Urbanismo en Orihuela, Antonio Rodríguez Bernabé, del PP, para defender así la aprobación de la construcción de 2.570 viviendas en la zona de la costa. El proyecto sale adelante con un informe contrario de la Confederación del Segura por la falta de agua. La oposición pide que se retire por falta de documentación y critica "la hipocresía" del PP.
El Gobierno municipal se aferró ayer a los informes municipales de suministro de agua potable que "garantizan suministros a partir de 2008" para sacar adelante, en solitario, la aprobación del PAU 7, que contempla 2.570 nuevas casas en la costa para 8.000 nuevos vecinos. El proyecto urbanístico se aprobó con un informe de la Confederación del Segura de 2005 que alertaba de que "no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas". El edil de Urbanismo reiteró, tras el pleno, su postura: "El agua no debe de ser un problema para el desarrollo de la Vega Baja", explicó Rodríguez Barberá, que mostró otro informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, referente a otro PAU, que vaticina que el próximo año "se superarán los caudales previstos a las necesidades".
El edil del PP no quiso valorar la puesta en marcha de la desaladora de Torrevieja, que su partido está boicoteando, y se limitó a recordar que "nosotros no estamos en contra de las desaladoras, no las queremos en zonas protegidas, y aquí los únicos que boicotean son los socialistas paralizando los trasvases". La oposición municipal aprovechó el debate para criticar "la doble moral hipócrita" del PP, según el concejal Joaquín Ezcurra, del Centro Liberal Renovador, que critica las plantas desalinizadoras pero ahora se sirven agua desalada para construir más. "Además, alardea con que sobran tres millones de litros cada año", criticó el concejal.
Por su lado, la portavoz socialista, Antonia Moreno, criticó al PP por aprobar proyectos urbanísticos con informes que "cuestionan su viabilidad", y anunció que estudian la posibilidad jurídica de pedir su retirada debido a "la falta de documentación o defecto de forma".
Sobre el informe del IVSSA que cuestionaba la falta de viviendas protegidas no se debatió.
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