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Bagdad revisará los permisos de todas las empresas de seguridad

La expulsión de los mercenarios de Blackwater complica el calendario de retirada de EE UU

El Gobierno iraquí revisará los permisos de todas las compañías privadas de seguridad que trabajan en el país árabe después de que la mayor de estas firmas, la estadounidense Blackwater, se haya quedado sin licencia por estar involucrada en la muerte de civiles el fin de semana pasado. La decisión de Bagdad de interrumpir la actividad de Blackwater y la amenaza de hacer lo mismo con otras empresas puede hacer aún más difícil de cumplir el calendario de salida de tropas anunciado en los últimos días por Washington.

Los mercenarios gozan de inmunidad ante los tribunales iraquíes según una orden aún vigente

Los métodos de los pistoleros a sueldo son considerados a veces excesivamente violentos

La prohibición contra Blackwater es temporal, según puntualizó el Gobierno iraquí, que también revisará la situación de todas las empresas de seguridad en Irak (al menos una treintena, según la lista del Departamento de Estado de EE UU). Bagdad sospecha que los mercenarios de Blackwater usaron fuerza excesiva en los tiroteos que acabaron con la vida de nueve civiles -algunas fuentes elevan la cifra a 11- en el barrio de mayoría suní de Mansur, en Bagdad.

Mientras Irak investiga a las compañías, en EE UU se preguntan quién hará el trabajo de este ejército privado, sobre todo ahora que el objetivo de la Casa Blanca es rebajar hasta los 130.000 los hombres desplegados en Irak de aquí a junio de 2008. La labor que cumplen actualmente en Irak las tres compañías de seguridad contratadas por el Departamento de Estado de EE UU difícilmente puede ser sustituida por el trabajo de un Ejército bajo la presión de la falta de efectivos y de una policía iraquí todavía en un estado de formación muy incipiente.

Blackwater no es única. La Administración de George Bush paga a otras dos firmas por rematar el trabajo que su Ejército no está preparado para hacer o carece de fuerzas: Dyncorp y Triple Canopo, las dos asentadas en Virginia. Todas ellas se dedican fundamentalmente a la protección de los trabajadores estadounidenses y extranjeros que participan en Irak en las labores de reconstrucción, así como a dar escolta a dirigentes políticos y funcionarios del Gobierno.

Otras empresas privadas y otros países tienen contratados en Irak sus propias compañías de seguridad. Aunque no existen cifras oficiales al respecto, se calcula que, en total, son decenas las firmas de este tipo que operan en aquel país, y alrededor de 25.000 mercenarios dedicados a esas misiones. La Asociación Internacional de Contratistas eleva el número hasta los 50.000 hombres. Sin duda alguna, es el mayor despliegue de este tipo que se ha visto nunca antes en cualquier otra zona de conflicto. Se trata de empresas estadounidenses, británicas, indias, iraquíes, surafricanas, australianas y de los Emiratos Árabes Unidos, entre otras nacionalidades, que suelen dar empleo a ex soldados y ex miembros de fuerzas especiales de países como Bosnia, Israel y Chile, atraídos por salarios que llegan a los 1.000 euros diarios.

La suspensión de Blackwater está pendiente de la investigación del incidente por el fuego cruzado entre agentes de la empresa y supuestos hombres armados, tras explosionar una bomba al paso de una caravana de funcionarios del Departamento de Estado de EE UU guardada por los mercenarios de la compañía.

El Gobierno de Estados Unidos ha expresado a las autoridades de Bagdad su pesar por ese suceso al más alto nivel. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló en la noche del lunes por teléfono con el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, para asegurarle la disposición de Washington de investigar lo sucedido junto a los responsables iraquíes de una forma "transparente".

Pero la investigación no será sencilla, ni fácil será tampoco la decisión final sobre las compañías de seguridad privadas. Una regulación conocida como Orden 17, dictada durante el Gobierno provisional de ocupación bajo la dirección de Paul Bremer, garantiza a esas compañías inmunidad ante los tribunales iraquíes. Esa orden está todavía en vigor.

Aunque Irak y EE UU se pusieran de acuerdo en revocar esa orden y en sustituir a las compañías privadas, existen serias dudas de que pudiera hacerse sin poner aún en más serio riesgo la vida de las personas amenazadas en Irak. Como ejemplo, en los pasados siete meses el Gobierno iraquí suspendió la licencia a dos compañías de seguridad y se las tuvo que renovar tras comprobar que su labor era por ahora insustituible.

Los métodos de los pistoleros a sueldo del Gobierno de Washington son considerados excesivamente violentos por varios grupos de derechos humanos y representantes políticos. El congresista demócrata David Price se ha quejado desde hace tiempo de la falta de vigilancia sobre esas compañías, y ha propuesto una ley para que sean sometidas a mayor control bajo las leyes de EE UU.

La semana pasada, el embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, dijo en su comparecencia en el Congreso que, efectivamente, EE UU depende de los contratistas. "No hay forma posible de que el personal del Departamento de Estado tenga suficiente gente empleada a tiempo completo para acometer las tareas de seguridad en Irak", manifestó. Según las estadísticas de Washington, uno de cada siete convoyes que prestan servicio a sus tropas ha sido atacado por insurgentes iraquíes. Para proteger a estas misiones no militares, los aliados necesitan utilizar los servicios de empresas de seguridad privada. Al menos 647 mercenarios han muerto en Irak entre marzo de 2003 y septiembre de 2006.

En otra jornada de violencia, tres soldados estadounidenses perdieron la vida ayer en un atentado en la provincia de Diyala. Desde 2003, han muerto más de 2.780 militares norteamericanos en Irak.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de septiembre de 2007