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Bush propone un fiscal general de consenso para sustituir a Gonzales

Los demócratas elogian a Michael Mukasey, moderado y experto en lucha antiterrorista

Antonio Caño

Michael Mukasey, un veterano y prestigioso juez con experiencia en sonados casos de terrorismo, un conservador moderado y con credenciales de suficiente independencia como para calmar a los demócratas, es el hombre elegido por el presidente de EE UU, George W. Bush, para devolver el prestigio al trascendente cargo de fiscal general, utilizado durante toda la Administración de Bush como un instrumento más de la política de la Casa Blanca.

"El juez Mukasey tiene las cosas claras sobre las amenazas a las que hace frente nuestra nación. Es un juez duro pero justo. Sabe lo que cuesta pelear esta guerra eficazmente y sabe cómo hacerlo de una forma acorde con nuestras leyes y nuestra Constitución", destacó el presidente Bush a su designado como una pieza vital en la guerra contra el terrorismo.

Con 66 años y casi 20 como juez federal en Nueva York, Mukasey ha demostrado, en efecto, carácter suficiente como para afrontar los casos más difíciles en relación con esa guerra. Fue el primero, quizá, en juzgar un caso conectado a las amenazas que hoy son más acuciantes para EE UU. En 1993 presidió el juicio de Omar Abdel Rahman, conocido como el jeque ciego, condenado a cadena perpetua por su papel en un complot para dinamitar varios túneles en Nueva York.

Más recientemente, en 2003, dio la razón al Gobierno de Bush al decidir que José Padilla, uno de los acusados por el 11-S, podía ser calificado como combatiente extranjero, pero le concedió el derecho a un abogado.

Desde su nombramiento por el republicano Ronald Reagan, en 1987, hasta su retiro, en 2006, para trabajar en una importante firma de abogados, Mukasey se ganó fama de un hombre firme pero profesional. Trabajó con uno de los candidatos presidenciales republicanos, Rudolph Giuliani, cuando éste fue fiscal en Nueva York.

Hay que esperar a ver si estas credenciales son suficientes para que pase el proceso de ratificación en un Congreso de mayoría demócrata que ya ha advertido de que bloquearía cualquier intento de Bush de nombrar de nuevo a uno de sus fieles, como fueron antes John Ashcroft y Alberto Gonzales.

Las primeras reacciones han sido de prudente satisfacción. "Aunque ciertamente es un conservador, el juez Mukasey parece un candidato que sabe poner la ley por encima de todo y mostrar independencia frente a la Casa Blanca", declaró ayer el demócrata Charmes Schumer, miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Otro importante miembro de esa comisión, Joseph Biden, aunque dijo desconocer al aspirante, manifestó una buena impresión sobre el currículo de Mukasey.

Una buena disposición por parte de los demócratas puede evitar el conflicto entre el Congreso y la Casa Blanca, que sin duda se hubiera producido si Bush hubiera nombrado, como se había filtrado, a Ted Olson o Michael Chestoff. Pero los problemas pueden llegar del lado extremo de la derecha. Algunas organizaciones religiosas influyentes han encontrado ya algunos elementos sospechosos en pasadas sentencias de Mukasey sobre materias de moral.

Oficina en horas bajas

Alberto Gonzales, uno de los autores intelectuales de las escuchas ilegales o la prisión de Guantánamo, deja una fiscalía general en sus horas más bajas de prestigio. No sólo la controvertida actuación antiterrorista, sino también otros episodios, como el despido de ocho fiscales federales que se negaron a seguir consignas políticas, han hecho aparecer esta oficina ante los ojos de los ciudadanos como una mera extensión de la Casa Blanca.

Esto es un asunto de extraordinaria gravedad en este país. Aunque habitualmente se suele traducir el cargo de fiscal general como el de ministro de Justicia en España, las diferencias son notables. El fiscal general, como manda la ley desde su creación, en el siglo XVIII, no responde ante el presidente, sino que "representa a Estados Unidos en asuntos legales y provee consejo y opiniones al presidente y a otros responsables de departamentos del Gobierno [entendido como el Estado] cuando se le solicita". Es decir, está obligado a ser independiente.

Michael Mukasey, ayer en la Casa Blanca.
Michael Mukasey, ayer en la Casa Blanca.REUTERS

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