El catalanismo y su misterio

El misterio de la Santísima Trinidad no ayuda a entender la divinidad, pero da mucho juego para interpretar las realidades terrenales. Lógico, es una construcción humana, y nos propone una sutil distinción entre la naturaleza de un ente abstracto y las personas o actores que lo hacen operativo. Como es costumbre en este país, los debates esencialistas se expresan mediante confrontaciones nominalistas, ocupan a sus protagonistas y crean más confusión que claridad entre la ciudadanía. ¿Hay un catalanismo o unos cuantos? ¿La casa común del catalanismo es un partido existente o a inventar, un frente nacionalista prescindiendo de los catalanistas que no son nacionalistas de nada, o es un tripartito que se autoproclama el verdadero catalanismo, o es un objeto político aún no identificado? Las declaraciones de los líderes políticos sobre el tema no han sido especialmente brillantes ni convincentes.

Se ha perdido la iniciativa política y la ciudadanía no creo que entienda qué quieren los partidos y sus dirigentes

Un inteligente político francés, Edgar Faure, decía que en política y en general en cualquier actividad en la que se confronten actores era conveniente explicitar primero todo aquello en lo que se estaba de acuerdo y aislar aquello en lo que se estaba en desacuerdo y podía ser objeto de conflicto. Lo cual creaba buenas condiciones para un diálogo y un compromiso, o por lo menos evitaba entrar en una dinámica de confrontación confusa y sin salida. Que el catalanismo es uno y que a la vez hay muchas formas de ejercer el catalanismo político es, como diría Foix, algo que "ho sap tothom i és profecia". Y el misterio del catalanismo se puede interpretar mediante la distinción entre la naturaleza y las personas.

Hay un catalanismo necesariamente común o compartido, es su naturaleza. La afirmación de una identidad catalana diferenciada hecha de permanencias (por ejemplo, la lengua) y de continuadas nuevas aportaciones (por ejemplo, las migraciones). La exigencia de autogobierno que es, a la vez, un derecho que se legitima en la historia y en la voluntad política presente y también una condición necesaria para responder positivamente a los retos del mundo actual. Y la obligación, si se quiere ser eficaz, de presentar un frente unido ante los gobiernos y las administraciones centrales del Estado, para que se reconozca del todo la identidad y se pacte un nivel de autogobierno real.

Pero la naturaleza se expresa por medio de las personas; en primer lugar por medio de los partidos y líderes políticos que son los protagonistas principales del relato. Y estos actores tienen cada uno su manera de entender las políticas que se deben hacer en Cataluña y en el resto del Estado. En muchos aspectos representan intereses y valores diferentes, a veces opuestos. Y, sobre todo, tanto los líderes como los partidos y las tendencias al interior de éstos, están en competencia entre ellos, se disputan el poder y supeditan el interés común, la naturaleza, a las ventajas que pueden obtener los unos contra los otros.

Las palabras, aparentemente conceptos fundadores, como autodeterminación, federalismo (universal o diferenciado), soberanía (en realidad cosoberanía), techo autonómico propio, marco constitucional actual o reformado, enfrentan y confunden, conducen a la inoperancia política y al aburrimiento ciudadano. Permitan una opinión muy personal respecto al concepto de autodeterminación. Creo que en el curso de la transición todos los partidos democráticos catalanes eliminaron de sus programas el principio de autodeterminación por un exceso de prudencia que ni entonces ni ahora me pareció justificado. Se trata de un derecho propio e inalienable de cualquier comunidad más o menos nacional. Probablemente este derecho no era, ni es ahora, ejercitable a corto plazo, pero sí que corresponde al horizonte político deseable y un elemento de movilización y presión eficaz en la confrontación con el Gobierno del Estado. Sobre los otros conceptos -federalismo, autonomía, cosoberanía, etcétera- conviene primero darles un contenido concreto y probablemente se podrían unificar en un escenario común en el que cupiera el máximo posible del desarrollo estatutario y constitucional, y un poco más. Pero ahora, en medio de tanta confusión, presenciamos atónitos, como el desarrollo del nuevo Estatuto es leído desde el Gobierno del Estado de forma regresiva y no recibe desde Cataluña una respuesta contundente y unitaria. Se ha perdido la iniciativa política y la ciudadanía no creo que entienda qué quieren, a dónde quieren ir a parar, los partidos catalanes y sus actuales dirigentes.

Para terminar, un comentario sobre un caso concreto: las infraestructuras. El abandono de la exigencia de que el sistema aeroportuario catalán corresponda a la Generalitat nos parece una prueba de debilidad muy preocupante. Incluso en algunos países políticamente unitaristas la gestión completa de los aeropuertos corresponde a la región o a la ciudad. El consorcio que se propone, en los que Generalitat y ayuntamientos estarán en minoría, no aporta prácticamente nada al autogobierno. Y la propuesta del Ministerio de Fomento respecto a la transferencia de las comunicaciones ferroviarias de Cercanías es, sencillamente, una tomadura de pelo. Se trata al Gobierno de Cataluña como si fuera un operador privado al que se concede la gestión de las comunicaciones, pero las líneas, es decir, la infraestructura sobre la que se circula, continúa en poder del Gobierno central. O dicho de otra forma, se nos dice "ustedes van a poder presumir de gestionar Cercanías y nosotros decidiremos cómo y cúando podrán utilizar nuestras vías". El ministerio decidirá cómo se mantienen, qué conexiones se hacen, cuáles van a ser las prioridades de su uso, es decir, todo lo que puede generar conflictos, pero será la Generalitat la que deberá dar la cara cuando se repitan los problemas a que nos tiene acostumbrados el arrogante y poco eficiente Ministerio de Fomento.

Esta orientación gestora y subordinada que pretende imponer el Gobierno del Estado no se puede contrarrestar pidiendo un poco más de gestión. La Generalitat es un poder político, no una empresa concesionaria. Debe exigir y conquistar poder real de decisión sobre sus competencias, no asumir responsabilidades aparentes y ficticias que pueden conllevar problemas sin medios para prevenirlos o resolverlos. Volviendo al principio, al margen de las personas o los partidos, de Gobierno o de oposición, es preciso asumir la naturaleza del catalanismo, formar un bloque unitario para confrontarse con el Gobierno del Estado para negociar un reparto real de poder político. Y dejarse de retórica metafísica o utópica sobre calendarios lejanos y casas particulares propietarias de las esencias.

Jordi Borja es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.