Disputas presupuestarias

Empieza la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Y comienza el debate sobre conceptos y sobre números. Para algunos, supondrá una continuación en la tendencia de apuesta hacia la cohesión territorial y social; otros, sin embargo, esperan poner fin al modelo actual. Y unos terceros empezarán a sacar de la chistera aquellas fórmulas contempladas en textos estatuarios recientemente aprobados o en fase de tramitación para plantear nuevas o viejas exigencias. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, había acuñado una frase, a mi juicio muy acertada, cuando contemplaba los distintos posicionamientos de los responsables económicos de las comunidades advirtiendo que el presupuesto del 2008 iba a ser como completar un sudoku. Sin embargo, en estos días, las palabras más escuchadas son "asfixia económica", "apaño territorial", "demandas históricas", "excesos de provisionalidad"...

Si miramos hacia atrás, podemos afirmar que los componentes de la desigualdad territorial han tenido históricamente un relieve muy notable. Y el patrón de crecimiento económico español destacaba por la existencia de esos componentes desequilibradores, por lo que la población y la riqueza tendía a concentrarse en determinadas zonas. Así, en 1975, más de un tercio de la población activa industrial se concentraba en las provincias de Madrid y Barcelona y el 60% de la inversión total en sólo en diez provincias. En sentido contrario, las diez provincias menos favorecidas sólo recibían el 1,5% de la inversión total. El tiempo transcurrido y las apuestas de gobiernos progresistas supusieron importantes reequilibrios territoriales y ostensibles mejoras en los niveles de cohesión social. Las explicaciones a estas correcciones se fundamentan en tres vectores: las inversiones públicas (ayudadas por los fondos comunitarios), las políticas sociales (universalización de la educación y de la sanidad) y las políticas de bienestar (que se canalizaron por las transferencias de recursos a las familias).

¿Qué pasa en la actualidad y cómo debemos enfocar los nuevos retos? En la sociedad española se advierten tendencias de estancamiento de la convergencia territorial y tendencias regresivas en lo que a la cohesión social se refiere. Además, la globalización alienta una mayor competencia, no sólo visible en el campo empresarial, sino ampliable a la disputa territorial, al mejor posicionamiento para rentabilizar la oferta de cada espacio geográfico. Por ello, no es de recibo la pretensión de ciertas comunidades de buscar, de manera bilateral, una negociación que ponga en cuestión los patrones de una redistribución equilibradora. Esto es, si una comunidad rica pide una inversión acorde con su aportación al PIB español, acabará suponiendo, en un futuro próximo, un crecimiento más desajustado de la economía española y, por lo tanto, seguirán retrasadas aquellas comunidades que menores oportunidades han tenido a lo largo de la historia. En segundo lugar, si disminuyen los fondos europeos, lo previsible es que ciertas comunidades reduzcan los apoyos financieros que hasta ahora han percibido y, en consecuencia, se incrementen las desigualdades en lo tocante a bienestar social.

Un repaso a los números nos permite advertir que Galicia debe apostar por la utilización de elementos de compensación y de reequilibrio; o sea, por el potenciamiento de las políticas de cohesión territorial y social. Las actuaciones de la Xunta han logrado que el Gobierno de España actúe con criterios de cohesión, sin admitir "los egoísmos territoriales" de algunos. Los gallegos, para converger con los promedios nacionales y europeos, necesitamos no sólo de nuestra capacidad y motivación, sino también de recursos económicos suficientes para abordar iniciativas de efectos multiplicadores. Y dichas recursos proceden de las partidas presupuestarias. Hasta el momento, Galicia ha estado bien atendida, pues es mayor el porcentaje de inversión estatal recibido (8,2%) de lo que suponen los porcentajes de la comunidad en lo que atañe a la superficie (5,84%), a la población (6,14%) y al PIB (5,1%). Tales apuestas deben continuar para el próximo año. Esa decisión política contribuirá a reforzar la confianza de los gallegos y a lograr tasas de crecimiento económico más elevadas que los promedios españoles para atenuar los actuales desequilibrios sociales y territoriales.