Un colegio de Granada declaró falsos alumnos para recibir más dinero

El colegio concertado San Isidoro de Granada es acusado de un grave fraude. El centro infló su número de alumnos y de horas trabajadas por ocho maestros para recibir mayores subvenciones, y permitió que nueve profesores impartieran clases sin contar con la titulación exigida. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía obvió durante dos años un demoledor informe que denunció al centro. Ahora podría sancionarle con una multa de 125.000 a un millón de euros.

El contundente informe del inspector de Educación censuraba cómo uno de los directores del centro, José Manuel Molina, impartió clases durante nueve horas a la semana en el curso 2004/2005, mientras que la Junta le subvencionó 25 horas semanales como "pago delegado". Las graves irregularidades incluyeron declarar 28 alumnos en primer curso pese a que sólo 25 aparecían registrados en los Libros de Escolaridad. Además, el informe refleja que una hermana de los directores ejerció durante "varios años" como maestra de educación infantil, a pesar de carecer de titulación académica, así como el engaño de la esposa de un director y su cuñada, que no contaban con la titulación apropiada.

Las diligencias del inspector quedaron empantanadas en la Consejería a pesar de ser el único expediente abierto a un centro concertado en 2005, y un año más tarde se inició un segundo expediente cuya instrucción acaba de finalizar este pasado verano tras oír el instructor las alegaciones pertinentes. El resultado del segundo informe coincide en la gravedad del fraude cometido, pero el escrito es aún más exhaustivo y demoledor que el primero. Denuncia la permisividad de una dirección que favoreció a familiares sin contar éstos con la titulación necesaria.

El instructor denunció que la dirección del centro incurrió en un incumplimiento del concierto con la Junta con ánimo de lucro, intencionalidad evidente, y perturbación manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza. Todas las infracciones se produjeron de forma reiterada. Ante esta severa evaluación, el instructor recomendó a la Consejería imponer siete sanciones por faltas graves que supondrían una multa mínima de 125.000 euros, y que podría elevarse hasta el millón de euros y la suspensión del concierto por parte de la Junta.

Este diario intentó ayer sin éxito recabar las explicaciones de la Consejería para poner remedio a este fraude con un retraso de dos años. Un portavoz del Ministerio de Educación admitió que la Alta Inspección conocía el caso, pero añadió que la intervención estaba fuera de sus competencias. El delegado de la Consejería de Educación en Granada, Antonio Lara, se limitó a destacar la gravedad de las irregularidades docentes: "Lesiona los derechos de las familias y la credibilidad del sistema educativo. Nunca vi nada tan grave en toda mi carrera", afirmó. Al margen de la sanción prevista, la Fiscalía podría abrir diligencias por un presunto delito de fraude de subvenciones.

La dirección del centro rechazó valorar las acusaciones. "Es una aberración que se haya filtrado, pero esas inspecciones se hacen en todos los centros", respondieron fuentes de la dirección.

Unos 600 alumnos del colegio, de carácter laico y fundado en 1887, comenzarán las clases el próximo lunes. Pablo criticaba ayer a las puertas del centro la formación recibida: "Tiene mala fama porque aquí es más fácil aprobar que en otros coles".