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Guipúzcoa dio ayudas 'a dedo' por 2,7 millones en un solo día de 2005

El Tribunal de Cuentas censura la política foral de subvenciones

El Tribunal Vasco de Cuentas ha censurado en su último informe el alto número de subvenciones directas concedidas en 2005 por la Diputación de Guipúzcoa. De los 9,2 millones de euros pagados por ese concepto dicho año, 7,8 millones se otorgaron sin atender a los principios de publicidad ni concurrencia. El tribunal destaca que sólo en diciembre de ese año se otorgaron más de la mitad de las ayudas a dedo del ejercicio y en un único día, el 35%. El informe también aprecia anomalías en las contrataciones y aplazamientos de deudas.

El informe que ha estudiado las cuentas y la actividad económica y financiera de la institución foral pone en solfa las subvenciones otorgadas durante dicho año, especialmente las directas. Sólo seis de las 40 analizadas por el informe, que suman un total de 9,2 millones de euros, no presentan ninguna deficiencia. Además, en 23 casos se registra un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, que totalizan 7,8 millones de euros. Entre ellas, se encuentran las concedidas a varios ayuntamientos (Beasain, Zarautz, Eibar, Getaria o Renteria) para diferentes obras o fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

El informe resalta que estas irregularidades se concentran además en el último mes del año, cuando se constatan adjudicaciones a dedo del Consejo de Gobierno por 4,4 millones. En un solo día de diciembre, el 27, según destaca el órgano fiscalizador, se concedieron subvenciones directas sin publicidad ni concurrencia por un importe de 2,7 millones. "La concesión directa de subvenciones por parte del Consejo de Diputados al cierre de este ejercicio no es operativa, puesto que es materialmente imposible su ejecución en el ejercicio 2005 y además a esas fechas ya se ha aprobado el presupuesto de 2006, en el que se van a ejecutar dichas subvenciones", precisa el informe.

El tribunal agrega que, "dado el difícil encaje de algunas de ellas en la concesión directa", sería recomendable su inclusión como subvenciones nominativas en el presupuesto tramitado ante las Juntas Generales.

El órgano fiscalizador señala también que el Consejo de Diputados cambió en el último mes de 2005 el beneficiario de dos subvenciones aprobadas por las Juntas Generales por un importe de dos millones "sin modificar el objeto de la subvención". Los destinatarios son dos sociedades públicas municipales cuyos capitales están suscritos al 100% por sus propios ayuntamientos, que eran inicialmente los beneficiarios de las ayudas.

El informe cita también el caso del cerca de medio millón de euros concedidos a dedo a la sociedad Udalbide sin que ésta haya justificado "con facturas gastos por 12.000 euros y los justificantes de una subvención de 33.000 euros no figuran a nombre del beneficiario". A ello, añade que en ayudas concedidas por un importe de 7,7 millones de euros no se ha exigido a los beneficiarios estar al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales.

En la contratación administrativa se repiten los casos de adjudicaciones a dedo y la prórroga, "más allá de los plazos marcados por la legislación", de dos contratos: el de la limpieza de los edificios de la Diputación y los cuidadores de fin de semana de la residencia de Eibar. El tribunal destaca el incremento del coste en más de un 37% de dos obras y dos trabajos de consultoría, lo que desnaturalizaría el objeto contractual, según señala el órgano fiscalizador.

En sus alegaciones, la Diputación de Guipúzcoa no aporta explicaciones sobre las elevadas subvenciones directas y la concentración en diciembre y sólo justifica varias ayudas concedidas a dedo por el área de Cultura al tratarse de unos proyectos "singulares".

Una venta anómala

El informe amplía las anomalías a una operación de venta de unas fincas industriales a una empresa por casi 650.000 euros. En 1995, se firmó un protocolo de intenciones entre la Diputación y la compañía, pero la compraventa no se formalizó hasta el 15 de marzo de 2005. En esa década la firma utilizó los bienes sin ninguna contraprestación, por lo que la institución foral "ha dejado de percibir los ingresos que le hubieran correspondido por su utilización".

El tribunal constata que la compraventa diez años después supuso para la Diputación asumir gastos de urbanización por 1,3 millones de euros y agrega que las cuentas forales reflejan una pérdida patrimonial de 4,5 millones por esta operación, ya que el valor neto contable de estas fincas era de 5,1 millones. "Debido a la que la venta se realiza muy por debajo de su valor, supone un beneficio para la empresa", dice e incluso apunta que puede ser una ayuda de Estado.

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