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El fiscal pide 26 años de cárcel para siete empresarios por vertidos al Segura

La comisión Pro-Río insta a la justicia en Murcia a investigar los vertidos de sus empresas

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante solicita penas que suman 26 años de cárcel y multas de 140.400 euros para los responsables de siete empresas de Orihuela, Callosa del Segura y Redován que durante varios años y con anterioridad a 2002 realizaron vertidos ilegales a las aguas del río Segura. El fiscal solicita cuatro años de cárcel y multas de 21.600 euros para seis de estos empresarios, y dos años y 10.800 euros para un séptimo responsable empresarial, cuya firma contaba con autorización administrativa para verter.

Los análisis revelaron "alta concentración de aceites y grasas" en el río Segura

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Este proceso, cuyo juicio se celebrará la primera semana de octubre en la sede de la Audiencia en Elche, surgió como consecuencia de las continuas denuncias de la Comisión Pro-Río, una plataforma ciudadana que se constituyó para pedir la regeneración del río. Su portavoz, José Antonio Muñoz Grau, se mostró ayer satisfecho por este proceso, pero lamentó que la justicia murciana "no haya sido tan sensible con este problema". Muñoz Grau denuncia que los vertidos del Segura provienen en un 90% de empresas murcianas.

Este juicio sentará en el banquillo a los representantes de las empresas Calzados Plásticos Españoles, SA, de Callosa del Segura; Manuel Mateo Candel, SL, Congesa e Incovenga, SL, de frutas y vegetales y Baden Tint, SL, que trata textiles, todas ellas con sede en Orihuela y J. Bernabé Díaz, SL, y Ahumados Torá, SL, de Redován y dedicadas a la fritura de patatas y la preparación de ahumados, respectivamente. Según consta en el escrito de la fiscalía, los análisis realizados en mayo de 2000 determinaron la salinización de la cuenca hídrica, la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de materiales pesados como cobre zinc o cadmio "y una alta concentración de aceites y grasas".

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) investigaron el origen de los vertidos tomando muestras en varios puntos de la cuenca y ello llevó a las siete empresas encausadas. Estas mercantiles realizaban vertidos a las aguas del río e incluso algunas de ellas contaban con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, (CHS), motivo por el cual, al inicio de las investigaciones se encausó a cuatro directivos de esta entidad que fueron quienes firmaron las autorizaciones y que ahora el escrito del fiscal determina que no son imputables de ningún delito.

Una vez determinados estos vertidos ilegales, las mercantiles vieron cómo se les retiraban las autorizaciones y todas ellas desistieron a excepción de dos, que continuaron, presuntamente, eliminando sus residuos a través del río. En las muestras tomadas durante los años 2001 y 2002 continuaron detectándose el agua del Segura presencia de niveles de PH incompatibles con la vida acuática, así como presencia notable de amonio, cloruros, fenoles, (sustancia procedente de los vegetales) y materia orgánica.

Junto a las multas y las penas de cárcel, el fiscal ha solicitado el cierre de las empresas contaminantes durante dos años, salvo que la CHS o los ayuntamientos afectados certifiquen que cumplen la normativa establecida. En el mismo escrito se pide el sobreseimiento para otras empresas de La Vega Baja que al principio fueron investigadas.

El portavoz de la Comisión Pro-Río afirmó ayer que ya no están personados en la causa porque ellos se constituyeron para luchar contra la administración que consentía la degradación del río y no contra los particulares. Grau recordó que están personados en otros procesos que todavía quedan pendientes y volvió a insistir en que el Segura era "el sumidero de Murcia" y sin embargo, explicó, "no se han llevado a cabo iniciativas judiciales contra las empresas murcianas que estaban igualmente incumpliendo la ley en materia de vertidos y de Dominio Público Hidráulico". Este portavoz puso como ejemplo la denuncia de la Comisión Pro-Río contra los vertidos de cromo de las empresas de curtidos de Lorca, "que nadie ha querido hasta ahora investigar", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de septiembre de 2007