Las imputaciones de Oropesa eran "previsibles" para EU y el Bloc

Tanto Esquerra Unida como el Bloc coinciden en calificar de "previsible" la imputación al alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, a otros cincos ediles, así como de dos funcionarios municipales y del empresario Jesús Ger por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de un PAI. La diputada autonómica por Castellón, Marina Albiol, recordó que su formación lleva "años" denunciando unas prácticas con "concejales que aprueban planes de la empresa mientras están contratados por la misma" y lo que considera una "connivencia de las administraciones locales con un Consell irresponsable".

Albiol considera que el hecho de que las imputaciones se hayan extendido hasta el propietario de Marina d'Or, Jesús Ger, "puede tener nefastas repercusiones para el sector inmobiliario y, por extensión, para el turismo", mientras que para el concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, el caso de Oropesa tiene su reflejo en su municipio donde varios vecinos también han denunciado ante los tribunales las "actuaciones irregulares del ayuntamiento y la misma empresa", además de los "numerosos contenciosos abiertos por propietarios contra el Ayuntamiento de Cabanes por un desarrollo parecido al de Oropesa". Por su parte, el edil del Bloc en el Ayuntamiento de Oropesa, Josep Lluís Romero, que es el único que votó en contra del programa, recordó ayer que "ya advertimos que esto acabaría en el juzgado" y explicó que, al margen de las acusaciones, el PP adjudicó el PAI al grupo Marina d'Or cuando existía otra oferta que "iba a pagar al ayuntamiento cerca de 5 millones de euros más por el 10% del aprovechamiento".

Por otra parte, en la información publicada ayer sobre la querella se decía que la secretaria del Ayuntamiento de Oropesa, que también está imputada, estaba contratada cuando en realidad era titular de una plaza aunque no en dicho puesto, que ocupaba de manera accidental. Tras dejar la secretaría, la funcionaria volvió al departamento de Urbanismo, del que procedía.