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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Amenaza, bomba, cárcel

El coche bomba con temporizador es el procedimiento terrorista que presenta menor riesgo para los que lo colocan y la máxima incertidumbre respecto a sus efectos. ETA utilizó ayer ese procedimiento en Logroño a fin de acreditar con la acción su amenaza por escrito de seguir "golpeando a las estructuras del Estado español en todos los frentes". El atentado falló por razones azarosas (y también por la pericia policial para desactivarla), pero dejó clara la voluntad de los jefes etarras de argumentar a bombazos.

En un informe policial fechado en abril, pero publicado en la prensa en junio, se auguraba una ofensiva de ETA "de carácter alarmista mediante el procedimiento del coche bomba", con aviso previo para evitar víctimas "en lo posible" pero asumiendo la eventualidad de que las haya, en cuyo caso "presentará como responsables a las fuerzas de seguridad por lentitud o ineficacia". Bombas alarmistas: colocadas en la calle, con fuerte carga (la de ayer, más de 60 kilos) y que, aparte del objetivo directo (un cuartel en Durango, instalaciones de Defensa en Logroño), puedan alcanzar a cualquiera que pase por el lugar, y causar destrozos en viviendas vecinas. Todo ello dependiendo del azar: para que nadie pueda sentirse a resguardo y traficar así con el miedo de la gente corriente: "Que pongan las bombas en su tierra y nos dejen en paz". Esperan los terroristas que la población se desentienda de las consecuencias; y pida al Gobierno que ceda.

Es decir, que vuelva a negociar. El comunicado que precedió a la bomba justificaba el recurso al terror por el fracaso del proceso de paz que la propia ETA dinamitó en Barajas. Es la lógica circular de ETA: mata para negociar y vuelve a matar para imposibilitar la negociación que le llevaría a retirarse. Esa lógica es también la de los servicios auxiliares de la banda. El mismo día en que ETA había amenazado con golpear en todos los frentes, sus seguidores se manifestaban violentamente en San Sebastián en favor de los presos de ETA bajo la bandera del movimiento proamnistía.

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Es ilógico exigir amnistía, o indultos, o beneficios penitenciarios especiales para personas condenadas por terrorismo, al mismo tiempo que se reclama el derecho a seguir poniendo bombas o se calla ante los que las ponen. La manifestación había sido prohibida por el Gobierno vasco, pero los que la dirigían hicieron caso omiso a las advertencias de los mandos de la Ertzaintza y se enfrentaron violentamente a ella.

La policía vasca cumplió con su deber. Haber tolerado el desafío habría sido considerado como terreno conquistado para la siguiente, de acuerdo con la estrategia actual del entorno etarra. Acabar con el derecho a la impunidad que ese mundo reivindica requiere activar todos los mecanismos del Estado de derecho. Por ejemplo, ordenando, como hizo ayer el juez Baltasar Garzón, la detención y traslado ante la Audiencia Nacional de la cabeza visible del grupo organizador de los incidentes, Juan María Olano, que tiene cuentas pendientes con la justicia.

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