El fiscal alerta del riesgo de extinción de aves por los cebos envenenados

En dos o tres años, la población de especies en peligro de extinción como el águila imperial "sufrirá un daño irreversible" en la región por culpa de cebos envenenados. Emilio Valerio, fiscal de Medio Ambiente, así lo cree. Según él, por la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de Aguirre, que quitó a los agentes forestales la facultad de inspeccionar los montes privados. Ya no pueden comprobar la acción de cazadores sin escrúpulos.

Esperanza Aguirre está poniendo contra las cuerdas al águila imperial y culebrera, el milano negro y real, al gato montés y a la nutria. En un mundo de fábula, estos animales serían los protagonistas de algo así como una Rebelión en la granja, porque su supervivencia, que dependía en buena medida de la actuación de los agentes forestales, se complica día a día. Desde que entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno regional del PP, a finales de julio, ya no queda nadie en el monte que vele por la salud de los animales. Los agentes forestales ya no pueden entrar a las fincas, a no ser que tengan una orden judicial.

"Teníamos unos cincuenta agentes forestales que vigilaban los cotos sospechosos palmo a palmo", explicaba ayer Valerio. Eso significaba el control, sobre el terreno, de los cebos envenenados que algunos cazadores colocan indiscriminadamente en el monte. "Julio fue el último mes que pudimos hacer este trabajo. Y ya detectamos un aumento de las actividades ilegales", señalaba el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Durante ese mes, los agentes forestales encontraron un cadáver de zorro y un águila imperial en Chapinería, uno de milano real en Navalagamella, otro milano negro muerto en Villalba y un buitre negro en Rascafría. Todos presentaban "síntomas de envenenamiento", según un informe enviado por Valerio al fiscal jefe de Madrid.

Lo sucedido en julio fue, en opinión del fiscal de Medio Ambiente, un síntoma de lo que estaba por venir: "Ya se barruntaba que la ley se iba a aprobar y comenzaron a colocar cebos". Valerio, con más de 10 años de experiencia en esta materia, opina que en agosto, sin la presencia de los forestales, el número de cebos envenenados y, por tanto, de animales fallecidos ha aumentado. Según el informe elaborado por el fiscal de Medio Ambiente, "la campaña de 2007 será catastrófica, y muy probablemente los envenenamientos de especies sensibles ascenderán al 800% de anteriores campañas".

El Gobierno regional lo niega todo. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Elorriaga, salió al paso de las afirmaciones del fiscal de Medio Ambiente y aseguró que los casos de envenenamiento de animales no han aumentado desde la entrada en vigor de la Ley de Modernización. "Los datos no se ajustan a la realidad", decía ayer Elorriaga. Según ella, "los cazadores no van a actuar de manera distinta por la nueva ley".

Las críticas de la consejera no estuvieron acompañadas de ninguna cifra o estudio que desmintiera al fiscal. Sin embargo, Elorriaga, que dijo "no compartir" el criterio de Valerio, aseguró estar "muy pendiente del tema". "Tengo todos los trabajos y denuncias que hacemos. Los datos demostrarán la verdad", añadió la responsable regional, una vez más, sin aportar nada que desmintiera al fiscal, más allá de sus palabras.

Valerio cree que la única solución pasa por que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ejerza tareas preventivas, realizando las labores que hasta ahora desempeñaban los forestales, como "solución de urgencia" al incremento de animales muertos. "No nos queda otra. Hay un peligro ecológico enorme", asegura.