Cargos políticos exigieron un informe menos crítico sobre el PAI de Oropesa

La tramitación y dictamen del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Oropesa que ha desembocado en la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno municipal del PP contó, en varias ocasiones, con la intervención directa de cargos políticos. Los técnicos que suscribieron algunos de los informes de acuerdo con los cuales se aprobó el PAI hicieron referencia a las "instrucciones" recibidas por parte del director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Jorge Traver, que fueron transmitidas verbalmente.

El jefe del servicio consideró que el informe técnico estaba detallado en exceso

Las "instrucciones" fueron remitidas por directores territoriales o directores generales cuya designación depende, directamente, del Consell. Es el caso de los técnicos de la Sección Forestal que informaron sobre la afección del programa urbanístico sobre vías pecuarias. En el escrito que figura en el expediente, los técnicos hablan, literalmente, de las "instrucciones" recibidas por el director territorial de Medio Ambiente, Jorge Traver.

El informe sostiene que "conforme a las instrucciones del director territorial, que el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente transmite verbalmente, respecto que considera excesivamente detallado el informe técnico sobre las deficiencias observadas...".

Los funcionarios, de acuerdo con la orden de sus superiores informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible...". El estudio concluye señalando únicamente dos vías pecuarias afectadas por el PAI que "no son compatibles" con el tratamiento formulado en el programa, por lo que éste debía modificarse.

La celeridad exigida se refleja también en otro informe en el que el entonces director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, pide que "a la mayor brevedad posible" los técnicos remitan un informe sobre otro trámite.

Este diario trató ayer, sin éxito, de que la Consejería de Medio Ambiente diera una explicación sobre estas "instrucciones".

Precisamente la rapidez a la que hace referencia el técnico es uno de los argumentos en los que hace hincapié la querella presentada por particulares afectados por este desarrollo urbanístico, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, ubicado en una zona de expansión del complejo Marina d'Or. "El procedimiento fue tramitado con inusitada celeridad y anormal fugacidad y su precipitación en decidir, y el alcance de la medida, no tienen base objetiva alguna", señala la denuncia que ha supuesto, también, la imputación del empresario Jesús Ger.

Las "prisas" a las que se refiere la denuncia se centran en las decisiones tomadas por el equipo de gobierno municipal y los dos funcionarios que también han sido imputados, la secretaria del Ayuntamiento y el arquitecto. Así, el escrito presentado en los juzgados esgrime, como ejemplo, que ambos informaron entre el lunes y el martes sobre la petición de aprobación definitiva formulada por el grupo de Jesús Ger el viernes anterior. El mismo día que informó la secretaria, el PP llevó el programa a pleno y se produjo la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico con los votos a favor de los cinco concejales populares y el del edil tránsfuga del PSPV. Sólo el edil del Bloc votó en contra. La aprobación tuvo lugar horas después de que Esteban González Pons sustituyera a Rafael Blasco al frente de la Consejería de Territorio y, con carácter de urgencia, el PP sometió a votación el controvertido desarrollo urbanístico para lo que, además, se basó en un informe aportado por la misma empresa, y firmado por un profesor de la Universidad Politécnica. Éste fue encargado para tratar de "solventar" los dos informes desfavorables que la dirección general de Costas había emitido al PAI. Pese a que la autorización por parte de la administración autonómica estaba condicionada a que dicho informe fuera favorable, el equipo de gobierno de Oropesa aceptó el informe de la empresa que dictaminaba que la consideración de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante.