Acumulando datos

Un comunicado de ETA en las circunstancias actuales -y probablemente en cualquier otra- no tiene más valor que el de un panfleto: se hojea y se tira a la basura. El mensaje es propaganda para subir la moral de su deprimida y menguada militancia. El contenido suele ser irracional y surrealista. En muchas ocasiones, ni siquiera los medios de comunicación se hacen mucho eco de esos textos; ya están los expertos para analizarlos. El difundido ayer por la banda -el primero desde la ruptura de la tregua el pasado 5 de junio- es grotesco pues nos explica al resto de los ciudadanos que necesita seguir "golpeando" las estructuras del Estado para lograr "unas condiciones democráticas" en el País Vasco y conquistar de esa forma la independencia. Para impedir esos golpes, no hay más armas que la lucha policial y la acción judicial, cuya eficacia viene demostrándose sobre todo en los últimos meses.

Hay que felicitarse de que la labor de la policía española, en estrecha colaboración con la francesa, haya permitido desde junio la captura de una veintena de etarras -entre ellos el principal experto en la fabricación de explosivos- y la frustración de una serie de atentados, con excepción de la bomba que estalló frente al cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya) y que causó heridas leves a dos agentes. El Gobierno cree, y hace bien en pensar así, que ETA pretenderá marcar la agenda de aquí a las elecciones generales del próximo marzo con algún atentado de gran calibre. De ahí que parezca correcta la idea de que el cerco no se limite sólo a desmantelar el aparato militar, sino también a perseguir y descabezar la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, así como también a todas las organizaciones afines.

En esa lucha no tendría que haber excepciones: no debería limitarse a los Txeroki, Ternera y compañía. Las eventuales comprensiones que pudo haber habido durante la tregua hacia el sector ilegalizado de la izquierda abertzale han dejado de tener justificación alguna ahora. En ese sentido, sería bueno que las instancias competentes marquen claramente cuáles son sus límites para poner fuera de la ley a formaciones y movimientos vinculados a la banda. Y sobre todo que no se contradigan con declaraciones al albur del momento político. La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior siguen acumulando datos sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV), pantalla de Batasuna, cuya presencia en las elecciones municipales y forales el pasado mayo a través de una serie de listas autorizadas está causando problemas para la normalidad política vasca. ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, al igual que evidentemente Batasuna, no han condenado ni una sola de las acciones etarras de estos tres meses. Además, hay que calificar como graves -y suficientemente ilustrativos de la intolerancia de estos grupos- los ataques este fin de semana contra la alcaldesa y el resto de los ediles del PP en el pueblo de Lizartza (Guipúzcoa), que fueron insultados y amenazados de muerte por presuntos simpatizantes de ANV simplemente por pretender colocar la bandera española junto a la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento.