Andaluces de dos nacionalidades

El caso del New Flame, el carguero que chocó con el petrolero Torm Gertrud el 12 de agosto pasado y permanece encallado a media milla de la costa de Gibraltar con 500 toneladas de combustible, ha sacado una vez más a la luz la falta de comunicación entre los dos lados de la verja.

La declaración de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, admitiendo paladinamente que sus competencias se reducen "estrictamente a cuando el fuel llegue a la costa" pone de relieve hasta qué punto la Junta de Andalucía carece de capacidad para actuar y la falta de protocolos con la colonia británica. El contencioso entre Reino Unido y España por la soberanía del Peñón sigue ahí desde 1713, pero los 230.000 habitantes del Campo de Gibraltar, andaluces con dos nacionalidades, tienen necesidades y problemas comunes en materia de medio ambiente, educación, transporte o sanidad a los que no se dan respuestas adecuadas.

"Es una cuestión de reciprocidad, no de que unos se beneficien más que otros"

A partir de la constitución del llamado Foro de Diálogo, en el que están presentes los Gobiernos español, británico y el de Gibraltar, en octubre de 2004, se inició un nuevo clima de relaciones diferente del mantenido hasta ese momento donde prima una dinámica de colaboración a la de confrontación y al que la Junta se incorpora de manera puntual. El hecho más relevante de este foro se produjo en la cumbre de Córdoba en septiembre de 2006 en el que se desbloquearon asuntos como la utilización conjunta del aeropuerto o la revalorización de las pensiones de los ex trabajadores españoles en Gibraltar.

La Junta participa en este foro sin protagonismo político alguno y ceñida a la presencia de técnicos cuando se abordan temas de su competencia exclusiva. No ha sido hasta marzo de este año, cuando la Administración autonómica se ha incorporado a la comisión mixta creada en noviembre de 2004 entre la mancomunidad de municipios de Gibraltar y el Ejecutivo gibraltareño, toda vez que los temas que se abordan no se deciden y gestionan en Madrid sino en Andalucía.

Por el momento se han creado cinco grupos de trabajo sobre medio ambiente, educación, transporte y comunicación marítima, salud, y protección civil y coordinación de emergencias que no se han reunido aún. "La filosofía de esta relación es una cuestión de reciprocidad. No se trata de que unos se beneficien más que otros", asegura Pedro Moya, secretario general de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia.

Moya deja claro para la Junta el interés por el medio ambiente (vertidos, residuos) es "máximo", mientras que los gibraltareños están más interesados en normalizar el acceso a la asistencia médica en la sanidad pública andaluza o el acceso de los jóvenes a las universidades andaluzas. "Hay una conciencia común de que con este camino se va a conseguir más cosas para la población en lugar del enrocamiento", sostiene.