El Gobierno evita actuar de momento contra ANV como reclama el PP

Arrecian las denuncias sobre el comportamiento de ANV, el partido al que apoya Batasuna, y la presión del PP para que se tramite su ilegalización y la disolución de 43 ayuntamientos vascos y navarros en los que gobiernan los independentistas. El PP registró ayer en el Congreso una proposición no de ley con ese fin. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, respondió que "no le temblará la mano a la hora de aplicar la ley", pero advirtió de que "para actuar contra la sinrazón hay que usar la razón". El Gobierno, de momento, no actuará contra ANV.

Fernández de la Vega avisó de que "las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, el Servicio Jurídico del Estado y la Justicia permanecen atentos a cada uno de los movimientos y declaraciones que se producen para evitar que absolutamente nadie incumpla la ley". La portavoz del Gobierno hizo estas declaraciones una vez que el Grupo Popular registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, en cuya exposición de motivos señala que "la acumulación de indicios y pruebas (para iniciar el proceso de ilegalización de ANV) comienza ya a ser más que evidente". El PP detalla en su propuesta las pruebas para actuar contra ANV.

- El mensaje de Batasuna. En la campaña electoral del 27-M, los dirigentes de Batasuna pidieron "expresamente" el voto para ANV. Añade que se obvió que "uno de los candidatos de ANV a las Juntas Generales de Álava fue detenido por tratar de boicotear violentamente actos electorales durante la campaña".

- Pronunciamiento tras la ruptura de la tregua. Una vez tomada posesión de sus cargos municipales, ANV fue el único partido que, en junio, cuando ETA anunció la ruptura del alto el fuego, se negó a condenar el anuncio del regreso al terrorismo de la banda.

- Sin muestras de repulsa por los atentados. De junio a agosto, ETA llevó a cabo varios atentados, como los coches bomba de Durango (Vizcaya) y Castellón; continuó la extorsión a empresarios y perpetró el secuestro de una familia. "A pesar de ello, en ninguno de los casos ha habido ninguna muestra de repulsa por parte de los representantes de ANV", apunta la proposición no de ley.

- Financiación ilegal. En los municipios en los que gobierna ANV ya se han empezado a "financiar" organizaciones de apoyo a los presos de ETA y se han llevado a cabo, o se han intentado al menos, homenajes a determinados terroristas de ETA, como en Hernani y Elorrio. Tanto en este caso como en el anterior, el PP subraya que ANV vulnera el artículo 9 de la Ley de Partidos porque su actividad supone "una justificación o exculpación de atentados contra la vida o la integridad de las personas, una legitimación de la violencia como método para conseguir objetivos políticos y un apoyo cuando menos tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos".

- Apoyar campañas de ETA. Ayuntamientos gobernados por ANV, como el de Mondragón, han secundado la campaña de ETA contra la Y vasca de alta velocidad. También reseña que no han condenado los actos de terrorismo callejero ni cumplen la normativa en materia de símbolos. "No se trata, en consecuencia, de una mera negativa a condenar la violencia sino de la acumulación de una serie de actividades que son más que suficientes para iniciar el procedimiento de ilegalización de ANV", señala la proposición.

El PP señala que "la ilegalización sería insuficiente si no va a acompañada de la disolución de las corporaciones donde gobierna ANV. Precisa que esa posibilidad la contempla el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para las corporaciones que hayan llevado a cabo una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Entre las actuaciones "gravemente dañosas" señala la de dar "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo".