El PSOE apoya los recursos a los tribunales si no se garantiza el acceso a la vivienda

El PSOE está convencido de que el Gobierno andaluz cumplirá con los compromisos de la futura ley de Vivienda, pero en caso de que no sea así es partidario de que los andaluces puedan recurrir ante los tribunales para exigir este derecho. Así lo cree el secretario de Organización, Luis Pizarro, quien, sin embargo, no aclaró si en la norma se establecerán negro sobre blanco estas garantías. El anteproyecto de ley recibió ayer el respaldo unánime de la comisión ejecutiva regional, que celebró su primera reunión del verano. Desde el Ejecutivo se preparan otras iniciativas de impacto para los próximos meses.

La satisfacción de los socialistas andaluces por el debate generado por el anuncio del anteproyecto de ley de la vivienda es inversamente proporcional al desagrado con el que lo ha acogido el PP.

El principal partido de la oposición cree que la propuesta del Ejecutivo de Manuel Chaves no es creíble. Javier Arenas, en un acto de su partido en Algeciras (Cádiz), intentó desacreditarla y ridiculizarla. Según él, el siguiente paso que dé Manuel Chaves, al que calificó de "irresponsable" y "demagogo", será el de regalar un coche.

Los socialistas, por el contrario, aseguran que no se trata de una medida electoralista en el peor sentido de la palabra. Es decir, un reclamo ficticio. Según Pizarro, el PSOE "cumple" con lo que promete a los ciudadanos y con esta sucederá igual.

Lo que no se sabe, además de la memoria económica del proyecto, es la iniciativa será una realidad. La futura ley pretende regular el derecho de los andaluces con rentas inferiores a 3.100 euros mensuales el acceso a una vivienda digna. Antes de que esa ley vea la luz, el Gobierno quiere alcanzar un pacto por la vivienda que implique a empresarios, sindicatos, cajas de ahorro, Junta de Andalucía y, sobre todo, ayuntamientos, que son los que deben poner suelo para construir viviendas de protección.

Este acuerdo, según los cálculos del número dos del PSOE, deberá estar listo "en los primeros meses de 2008" y después, sin fecha determinada, empezaría la tramitación de la ley en el Parlamento.

Pizarro se mostró partidario del derecho de los ciudadanos a recurrir ante los tribunales si la Junta no garantizara el cumplimiento de la futura ley, aunque no aclaró si el grupo socialista propondrá esta cláusula cuando se tramite la norma. El nuevo Estatuto de Autonomía establece la siguiente protección jurisdiccional en su artículo 39: "Los actos de los poderes públicos de la comunidad que vulneren los derechos mencionados (...) podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado".

En cualquier caso, su deseo es que no se llegue a ese punto en una ley en la que, según sus datos, se podrán beneficiar entre 300.000 y 350.000 personas.

El debate sobre la iniciativa continuó ayer. Si el día anterior, el presidente de la Generalitat, José Montilla, que ayer visitó Iznájar (Córdoba), su localidad natal, se desmarcó de la propuesta, ayer el Gobierno balear la tachó de "valiente" y "compleja". También el Gobierno de Cantabria dio la bienvenida a la futura ley, mientras que el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, aseguró que la única diferencia con lo que ya existe en su comunidad es que se va a considerar como un derecho subjetivo.