Sus señorías se quedan sin café

Los parlamentarios, funcionarios, periodistas o visitantes de la Cámara vasca saben desde comienzos de 2006 que en su sede en el vitoriano Parque de La Florida resulta imposible fumar un cigarro. Al comienzo del nuevo curso político van a descubrir que, de momento, tampoco va a ser posible tomarse un café, un pincho o comer a mediodía. La adicción al tabaco se ha llevado por delante el bar del Parlamento. El pasado 30 de julio, Sukaldea, la empresa concesionaria del servicio, notificó al Parlamento y a sus empleados que dejaba el servicio. Pablo González, socio de la firma y durante años una cara fija detrás de la barra, aseguró ayer a EL PAÍS que no salían las cuentas y que los socios han decidido dejarlo. "No había otra salida", destacó.

La Mesa no notificó al concesionario del bar que era imposible cambiar las condiciones

González reconoció que la prohibición de fumar les había reducido la clientela, pero dejó claro que la razón básica es que la concesión no generaba beneficios. Las trabajadoras del bar recibieron el pasado julio la carta de despido con fecha de entrada en vigor el pasado 31 de agosto, a fin de que pudieran disfrutar de sus vacaciones antes de pasar a engrosar las listas del Inem.

El deterioro del bar ha sido un proceso largo. Ya en el segundo trimestre del pasado año, González se lamentaba de una caída en las ventas cercana al 30%. Los parlamentarios bromeaban entonces con la posibilidad de aumentar la subvención al establecimiento para que tuviese precios más reducidos que en la calle. Todo se quedó en pura anécdota.

González lanzó su primer aviso serio el pasado 3 de julio, cuando remitió a la Mesa de la Cámara un informe económico para apoyar su petición de que se revisasen las condiciones de la concesión. Nunca recibió respuesta a su demanda y decidió cerrar la cafetería, recalcaba ayer.

Lo curioso es que la Mesa tomó en consideración su petición y solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. El documento, con fecha de entrada en el registro parlamentario del pasado 24 de julio, concluía, tras realizar un minucioso análisis, que no existían posibilidades de cambiar las condiciones de la concesión, "ni siquiera [de forma] consensuada", ya que "contravendría los principios básicos de la contratación pública, como son los principios de libre concurrencia y buena fe".

El informe añadía que si el contratista decidía interrumpir la prestación del servicio, la "Administración podría resolver el contrato por incumplimiento, con incautación de la fianza depositada, exigiéndose asimismo la indemnización por daños y perjuicios que pudiera ocasionarse al Parlamento". González nunca tuvo conocimiento de este informe. La Mesa del Parlamento no le comunicó nada.Fuentes parlamentarias reconocieron ayer que desconocían la decisión de cerrar la cafetería y se limitaron a confiar en que el asunto se resuelva. Los empleados han pedido asesoramiento a algún parlamentario y desean saber si podrán mantener sus puestos si una nueva concesión se hace cargo de la cafetería.