Independencia y empadronamiento

La futura Ley del Derecho a la Vivienda que ayer comenzó a tramitar el Gobierno andaluz establece que serán titulares de ese derecho a una vivienda digna y de calidad las personas que acrediten, en la forma que se determine reglamentariamente, (por ejemplo su afiliación a la seguridad social, el ejercicio de una profesión, de su situación laboral...), estar en disposición de llevar a una vida independiente de su familia de procedencia con el suficiente grado de autonomía.

Asimismo, se exigirá que tengan su residencia en un municipio andaluz. Esa exigencia podrá ser de un periodo ininterrumpido de empadronamiento hasta de cinco años en el mismo lugar.

Otro de los requisitos será que no sean titulares de una propiedad o de algún otro derecho real sobre una vivienda existente.

Y por último, que no puedan acceder a una vivienda en el mercado libre de la vivienda por razón de sus ingresos económicos, computados conjuntamente, en su caso, con su unidad familiar.

Para todos los que queden fuera de estos parámetros la ley regula una nueva figura de acceso a la vivienda, denominada alojamiento.

Por otro lado, la ley obligará a las distintas administraciones a aprobar los correspondientes planes autonómicos y locales en materia de vivienda, en el marco de las ayudas estatales, que conformaran el sistema de financiación que garantice el acceso a este derecho.

Con carácter específico, estos planes deberán recoger ayudas para la salida al mercado de las viviendas desocupadas mediante incentivos, y ayudas a los jóvenes menores de 35 años para el acceso a una vivienda en alquiler.