Educación agiliza su respuesta a la violencia contra los docentes para darles seguridad

Más autoridad. Esa es la clave que esgrimen los docentes para recuperar el control de las aulas y erradicar la conflictividad de los colegios y las agresiones hacia ellos. Y para incrementar esa autoridad, el Departamento de Educación ha elaborado dos guías de actuación para los colegios que les permitirá responder con más agilidad y eficacia ante este problema. Porque lo que más demandan los docentes son medios y, sobre todo, respuestas rápidas a la creciente conflictividad. "Los docentes tienen que sentirse seguros en su trabajo", enfatizó el consejero de Educación, Tontxu Campos.

Una de las guías detalla todas las medidas que deben ser puestas en práctica al descubrir algún episodio de acoso escolar entre alumnos y la otra va dirigida a atajar las agresiones específicas a los docentes o al resto del personal de un centro educativo por parte de algún estudiante. El documento recoge desde cuál debe ser la reacción inmediata de solicitud de ayuda hasta la denuncia ante la Ertzaintza, pasando por el traslado a un hospital, si hay lesiones, y la imposición de sanciones al agresor.

Según la gravedad de la agresión, se podrá abrir un expediente disciplinario y, en su caso, adoptar medidas cautelares. El consejo escolar de cada centro - el máximo órgano de representación del colegio- sopesará la posibilidad de interponer denuncia ante la Fiscalía de Menores (alumnos hasta los 18 años) o en el juzgado de guardia, si el agresor es mayor de edad.

La primera guía supone la actualización de un protocolo ya existente, mientras que la segunda constituye una novedad, incluso a nivel nacional, ya que ninguna comunidad se ha dotado de esta herramienta. El consejero insistió en la idea de que ambos protocolos van a agilizar el tiempo de respuesta ante las agresiones, auténtico talón de Aquiles a la hora de imponer disciplina. "Se trata de proteger y garantizar con más eficacia la seguridad de las víctimas y aplicar medidas disciplinarias a los agresores".

"Tolerancia cero"

Estas dos guías, junto con el decreto de derechos y deberes del alumnado, que actualmente se encuentra en fase de reforma, deben servir, según Campos, para que el profesorado se convenza de que la Administración le respalda y se va a regir por el principio de tolerancia cero contra la violencia. Una de las quejas de los docentes procedía, precisamente, de lo garantista que era el anterior decreto de derechos y deberes del alumnado, que dilataba la respuesta a los alumnos conflictivos. Hasta el punto de que esa normativa se había vuelto inservible en muchos casos. Buena parte de las decisiones sobre disciplina se adoptaban al margen de ella, lo que, a su vez, provocaba inseguridad jurídica.

"Hay que incorporar medidas que permitan una convivencia real en las aulas y que aquellos comportamientos disonantes aparezcan ante la comunidad como lo que son y no distorsionen el funcionamiento del aula", subrayó el consejero. "Lo primero que van a aportar estas guías", añadió, "es que cualquier persona que sufra una agresión va a saber con exactitud qué es lo que tiene que hacer; va a sentir que cuenta con el respaldo de la Administración".

El siguiente paso será otorgar seguridad a la víctima, y a renglón seguido se debe reunir el consejo escolar para estudiar el incidente y aplicar las medidas, cautelares si son necesarias, con celeridad. El consejero rechazó hablar de endurecimiento de las normas. "Sé que una parte de la sociedad espera que diga que vamos a tener la mano mucho más dura. Lo que yo digo es que las respuestas van a ser más rápidas y eficientes. A veces las medidas más duras no resultan las más eficaces para resolver un problema y las más dialogantes, sí"

En el caso de la guía de actuación en casos de agresión al personal de los centros escolares, se plantea la iniciativa de definir, en colaboración con Osalan, una serie de criterios en la construcción de los nuevos colegios o eventuales reformas de los ya existentes con el fin de mejorar la seguridad de los profesores. Todo encaminado a eliminar "espacios ciegos" donde la impunidad es más factible. Las agresiones a los docentes se suelen producir en lugares aislados y menos en sitios públicos y a la vista de todos. Por ejemplo, en algunas zonas se podrían colocar cristaleras en lugar de paredes para desanimar a los potenciales agresores.

Durante el curso pasado, el Departamento de Educación registró un total de 26 agresiones a profesores en 18 centros, de los que 17 pertenecían a la red pública y el otro a la privada-concertada. De esas agresiones, 22 las protagonizaron alumnos y cuatro sus familiares. En el caso del acoso escolar, la consejería investigó 107 denuncias el pasado curso en los centros de enseñanza de la comunidad. Los técnicos del servicio de Inspección concluyeron que de todas ellas 69 correspondían a casos reales de maltrato entre iguales, físicos o psíquicos.

Según los datos del departamento, la agresión física, repetida en el tiempo, es el tipo de maltrato más frecuente entre los escolares vascos. La mayoría se produjo en aulas del tramo educativo que va desde quinto de Primaria a tercero de Secundaria. En 10 ocasiones, las familias interpusieron denuncia policial y en un 33% de los casos Educación abrió expediente disciplinario al alumno implicado. La incidencia de la violencia escolar ronda el 6% en Primaria y el 3,7% en Secundaria.