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Tribuna:

Administración más ágil para un mundo global

En el nuevo mundo global, los mercados se llenan de multitud de productos y servicios de procedencia geográfica diversa, producidos bajo una amplia pluralidad de requisitos y normativas, que a menudo generan en los ciudadanos -principalmente de los países con economías más desarrolladas- incertidumbres y dudas sobre su calidad y seguridad. Existe, pues, una presión importante del conjunto de la ciudadanía para que alguien establezca los pertinentes controles y regulaciones que garanticen determinados derechos públicos como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, la calidad ambiental, los requisitos mínimos de la prestación de servicios... En la Europa continental, este alguien, este sujeto regulador, ha sido, principalmente, la Administración pública, que ha tenido el mandato implícito, por parte de la ciudadanía, de hacerse responsable principal de que las actividades económicas no generaban productos o servicios perjudiciales o de calidad defectuosa, así como de garantizar que los procesos productivos o las instalaciones no comporten riesgo alguno para el conjunto de la población ni para las personas que intervienen en los mismos.

Se trata de una aspiración lógica y legítima de las personas que, en las sofisticadas sociedades actuales, a menudo se concreta en forma de regulación legislativa. Resulta, en cierto modo, paradójico que fuera la legislación administrativa francesa moderna -aquella para la que el ilustrado Montesquieu recomendaba "leyes, las menos"- la que adoptó este enfoque, que fue trasladado a otras tradiciones administrativas herederas, singularmente la española -que desgraciadamente se ha trasladado a la Administración catalana recuperada. En el Estado español, hacer normas (leyes y reglamentos) con profusión se ha convertido en una especie de deporte nacional: en estos momentos están vigentes más de 22.000 normas estatales (sin contar las autonómicas ni las europeas). En Cataluña producimos de media más de un centenar al año.

En el caso de las empresas, la presencia de este importante bloque normativo y, principalmente, de los requisitos que impone la Administración pública para acreditar su cumplimiento no es, sin embargo, a coste cero. Se estima que las cargas burocráticas que la Administración pública del Estado español, de todos los niveles, impone a la actividad empresarial suponen un sobrecoste que representa alrededor del 4,3% del PIB -mientras que en otros países, como el Reino Unido, eso se reduce hasta el 1,5% del PIB-, que lastra la eficiencia de las empresas y funciona, principalmente en el caso de las pymes, como una suerte de presión fiscal añadida. Según el Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, un empresario en el Estado español necesita hacer una media de 10 procedimientos para abrir un negocio y tarda unos 47 días, mientras que en el conjunto de países de la OCDE, estas cifras se reducen hasta 6,2 procedimientos y 18 días.

Si queremos favorecer las mejores condiciones de competitividad de la economía catalana -o, lo que es lo mismo, incrementar nuestras posibilidades de creación de riqueza y de ocupación de calidad-, hemos de acercar el sobrecoste que representan estas garantías de los derechos públicos al valor de los países de nuestro entorno. Necesitamos, pues, simplificar y racionalizar el marco normativo para las actividades económicas y, sobre todo, necesitamos hacer la Administración más accesible para todos; y eso hemos de hacerlo -insisto- sin renunciar a ninguno de los derechos públicos obtenidos en esta materia.

La reducción de las cargas administrativas para las empresas, no sólo para la creación de las mismas, sino durante todo su ciclo vital, fue uno de los principios del Pacte d'Entesa que después se materializó en el acuerdo del Gobierno de Cataluña, adoptado el 13 de febrero de este año, para la creación de un grupo de trabajo interdepartamental encargado de hacer propuestas de simplificación de los trámites administrativos y mejora de la normativa que afectan a las empresas en Cataluña. El grupo se articuló a partir de dos comisiones especializadas: una centrada en la vertiente administrativa (liderada por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, DIUE) y la otra centrada en la vertiente legislativa. Finalmente, los trabajos de estas comisiones y del grupo interdepartamental se han concretado en el paquete de 42 medidas acordadas por el Gobierno catalán el pasado 18 de julio.

El conjunto de medidas aprobado es muy diverso, pero creo que hay tres ejes principales en el esfuerzo simplificador. El primero es la eliminación de los trámites que no aportan valor; es decir, todas las peticiones de información que ya están en poder de las administraciones o la demanda de información estadística a las empresas que se puedan obtener por otras vías o sean irrelevantes. El segundo eje es el de facilitar el acceso de las empresas a la Administración; aquí ejercerá un papel clave la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), adscrita al DIUE, como frontal privilegiado de servicios de tramitación, información y asesoramiento a las empresas, pero también las medidas para incrementar sustancialmente las tramitaciones disponibles por vía telemática o la ventanilla única tributaria, prevista en el Estatuto de Cataluña de 2006.

El tercer eje es, a mi entender, el que representará un cambio más fundamental tanto para la cultura de la Administración como para la percepción real que los empresarios tendrán de la interacción con la misma. Se trata de la generalización de declaraciones responsables de la empresa, en vez de documentos acreditativos para muchas situaciones. Eso implica que las empresas deberán hacer -si es el caso- una declaración de que cumplen la normativa vigente y la Administración podrá comprobar, en cualquier momento, este cumplimiento; hasta ahora, la empresa debía de acreditar ante la Administración el cumplimiento antes de obtener la autorización pertinente. Este giro sustancial de las relaciones Administración-empresa abaratará y acelerará los procesos de tramitación y no comportará pérdida de garantías para la ciudadanía. Esta medida se acompañará de una nueva ley de prevención y control ambiental de las actividades que solventará algunas problemáticas que introdujo la actual ley de intervención de la administración ambiental, principalmente para las pymes.

En conjunto, el Gobierno catalán ha iniciado el esfuerzo más potente y amplio emprendido hasta ahora en Cataluña para una mejora radical de la accesibilidad de las empresas a la Administración, una condición necesaria -pero no suficiente, claro- para alcanzar una mejora de la competitividad de nuestra economía en relación con la de los países de nuestro entorno, dando así respuesta a las inquietudes manifestadas por los sectores productivos ante las crecientes cargas económicas que representa no ya cumplir con las normas de calidad y seguridad de los productos y servicios que generen, sino de demostrar ante la Administración que cumplen estas normas.

Josep Huguet es consejero de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de septiembre de 2007