El Gobierno vuelve a desautorizar a la Comisión Nacional de la Energía en la batalla por Endesa

Una resolución del Ministerio de Industria volvió a evidenciar ayer que los criterios de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Gobierno sobre la operación para controlar Endesa son bien distintos. El organismo regulador que preside Maite Costa puso en abril varias condiciones a la compañía italiana Enel para autorizarle elevar su participación en la eléctrica española del 10% al 25%. Industria revocó ayer tres de esas condiciones, entre ellas la más contundente: el derecho de veto que se reservó la CNE sobre decisiones estratégicas de Endesa que afectasen al interés general o la seguridad de suministro del sistema energético español.

A través de sus condiciones, el regulador de la energía plasmó su preocupación porque una compañía participada por un Estado extranjero (el Gobierno italiano mantiene un 31% del accionariado de Enel) fuese determinante en el control de la gestión de la primera compañía eléctrica española. Pero fue la propia Endesa la que presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, al entender que las salvaguardas impuestas por la CNE causaban distorsiones en el funcionamiento habitual de la compañía. La empresa que preside Manuel Pizarro sostenía que si el regulador quería marcar de cerca los pasos de Enel, debía hacerlo con medidas que afectasen sólo a la compañía italiana.

Un portavoz de Industria confirmó ayer que el Ministerio había decidido estimar las alegaciones de Endesa. Así, revoca la cláusula que permitía a la CNE, en el plazo de un mes, vetar cualquier decisión estratégica aprobada por los órganos de gobierno de Endesa con el respaldo de Enel.

Además, Industria también entiende innecesaria la obligación de que Endesa, tras adquirir Enel una influencia significativa en sus órganos de gobierno, se ajuste en su gestión a los últimos planes de inversión vigentes en la compañía española y a lo establecido por los documentos de planificación del gas y electricidad aprobados por el Gobierno. Fuentes de Industria argumentaron que estos planes tienen un carácter orientativo, pero nunca obligatorio. El Ministerio sí mantiene la primera parte de esta condición, que obliga a que Endesa siga siendo una empresa autónoma y conserve su sede en España.

Por último, la resolución de Industria elimina la obligación de que Enel, a través de Endesa, informara con antelación a la CNE sobre el orden del día de las juntas de accionistas y los consejos de administración en los que se tratasen asuntos relacionados con actividades reguladas.

Con esta decisión, Industria reafirma el criterio que ya adoptó el propio Gobierno en abril. El Ejecutivo respaldó entonces la petición de Enel para poder ejercer los derechos políticos de sus acciones en Endesa, una autorización obligatoria para empresas extranjeras con capital público que participen en compañías energéticas españolas. En aquella ocasión, el Consejo de Ministros desoyó un informe de la CNE que recomendaba al Gobierno que también se reservase un derecho de veto sobre las futuras actuaciones de Endesa.

Industria tendrá aún una oportunidad más de consolidar este criterio: entre las condiciones impuestas por la CNE a la OPA conjunta de Enel y Acciona por Endesa, vuelve a figurar el derecho de veto. El recurso de Enel y Acciona se resolverá en noviembre.

Los desacuerdos entre Industria y el regulador fueron ya patentes en el arranque de la batalla por Endesa, cuando la OPA analizada fue la de E.ON (el grupo alemán retiró su oferta tras un pacto con Enel y Acciona). El Gobierno, que había reforzado meses antes las competencias de la CNE, eliminó o modificó 10 de las 19 condiciones establecidas por el regulador.