El Gobierno central advierte de que cortará de raíz cualquier insumisión local a la 'Y'

Las medidas de presión anunciadas por los municipios gobernados por ANV para bloquear la construcción del tren de alta velocidad (la Y ferroviaria) a su paso por ellos se están cumpliendo. A las trabas burocráticas a las expropiaciones, se suman ahora las mociones aprobadas en pleno en las que los ediles se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que la Y no salga adelante. Ante la previsible cascada de mociones que se avecina, el Gobierno central advirtió ayer de que cortará de raíz cualquier conato de insumisión encabezado por la izquierda radical.

Los ayuntamientos de ANV analizan todas sus posibilidades legales contra el tren

Uno de los actuales objetivos de la izquierda abertzale es convertir la lucha contra la Y en parte clave de su estrategia para los próximos meses, a medida que avancen los trabajos y las obras se vayan haciendo cada vez más evidentes. En el corredor Vitoria-Bilbao ya arrancaron hace unos meses, mientras que en el guipuzcoano, el que ejecuta el Gobierno vasco, las primeras salieron a concurso salieron el pasado julio, con lo que las zanjas empezarán a ser una realidad a finales de año.

Después de todo el tiempo que ha costado poner en marcha el proyecto, ni el Gobierno vasco ni el central están dispuestos a que los radicales y los consistorios regidos por ANV entorpezcan los trabajos. El delegado del Gobierno central, Paulino Luesma, se mostró ayer muy contundente en sus advertencias a ANV. "No estoy dispuesto a consentir que se perturbe la normal ejecución de la línea de alta velocidad", enfatizó y justificó su postura porque se trata de una obra de interés estratégico para Euskadi y para el conjunto de España, que cumple las condiciones legales para su realización y cuenta con "un amplísimo" consenso político y social en Euskadi.

La reacción de Luesma responde a la moción aprobada el lunes por el pleno del Ayuntamiento de Mondragón, donde gobierna en mayoría ANV, en la que se critica el tren de alta velocidad y adelanta una dura oposición para paralizar "en la medida de sus posibilidades" la ejecución de los trabajos en su término municipal. ANV contó con el respaldo de Aralar (un concejal) y los tres ediles de Zutik-Ezker Batua. Por su parte, EA, que en otras localidades como Legutiano ha mantenido una oposición activa al negarse su alcalde a firmar las actas de expropiación de tierras, votó en blanco.

Además de prevenir a ANV de que la Administración central no tolerará ninguna injerencia en los trabajos, Luesma cargó contra la actitud de Ezker Batua porque "antepone sus intereses partidistas al interés general", convirtiéndose en este caso en "comparsa del nacionalismo extremista". El concejal de EB en Mondragón, Joseba Ugalde, precisó que el compromiso adquirido junto a ANV y Aralar es revisar las cuestiones en las que tienen "posibilidades legales" dentro de sus atribuciones como Ayuntamiento "para intentar que las obras no se realicen".

La oposición de EB al proyecto del tren de alta velocidad -pactada en el seno del tripartito en el actual acuerdo de legislatura- fue aprovechada ayer por PSE y PP para poner en evidencia la falta de "coherencia" interna del tripartito en torno a la Y, una circunstancia que se agrava por el empeño de la izquierda radical de convertir el tren en un elemento de tensión política de primer orden. Para el parlamentario del PSE Oscar Rodríguez no resulta razonable que uno de los socios del Gobierno se desmarque del proyecto de infraestructuras más importante de toda la historia de Euskadi, cuyo presupuesto asciende a más de 4.100 millones de euros.

Desde el PP, su parlamentario Borja Semper exigió al Ejecutivo firmeza en defensa del trazado de la línea de alta velocidad. Tanto socialistas como populares quieren que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, llame al orden a su socio.

Los grupos contrarios al proyecto, desde ecologistas a sindicatos agrarios pasando por los ayuntamientos gobernados por ANV, han ido presentando sus alegaciones contra el proceso de expropiación de fincas que comenzó en agosto para cinco de los ocho tramos que componen el ramal vizcaíno. La apertura del periodo legal en pleno mes vacacional ha desatado sus críticas.