La Xunta pone fin a los bomberos privados y crea diez nuevos parques

El Gobierno gallego ha puesto fecha de caducidad a la privatización del servicio de bomberos, iniciada durante los gobiernos de Manuel Fraga. El plan director que la Consellería de Presidencia planea pactar con las diputaciones contempla la creación de cuatro consorcios provinciales que apostarán por la gestión directa en los diez nuevos parques comarcales previstos, cuatro de ellos en Lugo. El Gobierno gallego aguarda además a que expiren las concesiones otorgadas por la Xunta anterior para implantar el mismo modelo en las instalaciones de Ourense, A Coruña y Pontevedra.

La Consellería de Presidencia ha decidido poner coto al rosario de adjudicaciones otorgadas por la Xunta anterior que dejó en manos de empresas de jardinería o carroceras de vehículos la gestión del servicio de bomberos en los catorce parques comarcales diseminados por las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra. "La gestión indirecta se va a terminar ya, erradicaremos la privatización en los nuevos parques y a medida que venzan las concesiones de los ya adjudicados los iremos recuperando", confirmó un alto cargo de Presidencia. La medida que tendrá un tiempo de implantación de tres años satisface una vieja aspiración del personal de urgencias de Galicia que desde hace años viene manifestándose contra la privatización de este servicio público. Y pretende seguir los criterios marcados por la Lei de Emerxencias aprobada el pasado junio en el Parlamento.

El Plan Director, que el Ejecutivo autónomo empezará a negociar en septiembre con las cuatro diputaciones, prevé construir diez nuevos parques comarcales además de los tres que ya estaban previstos en Santa Comba, O Porriño y O Carballiño, para atender las zonas que se encuentran más desprotegidas. La Ley de Emergencias obliga a que en tres años el 95% de la población tenga garantizado un tiempo de respuesta en caso de catástrofe que no exceda de veinte minutos. En la actualidad, sólo el 60% de los gallegos lo tienen asegurado.

Para cubrir las zonas de sombra, Presidencia planea ubicar cinco nuevos parques en la provincia de Lugo (en Sarria, Chantada, Terra Chá y en la zonas oriental y occidental de A Mariña), donde hasta ahora no funcionaba ningún servicio por la negativa del anterior presidente de la Diputación Provincial, Francisco Cacharro, a cofinanciar con la Xunta los costes del mantenimiento de este operativo.

La actitud de Cacharro provocó, por ejemplo, que el parque de Barreiros, sufragado por la Xunta de Fraga, nunca fuese equipado. El nuevo mapa de emergencias del Ejecutivo contempla además instalaciones en la provincia de A Coruña (Ortegal) y en Pontevedra, donde se construirá otro parque para el área metropolitana de Vigo, además de uno en Caldas y un tercero en la comarca de Condado Paradanta. Ourense contará con otra instalación en la zona de Baixa Limia. Presidencia también contempla la comarcalización de los parques de los siete grandes ayuntamientos y de Monforte, que, pese a no estar obligado por ley, también dispone de parque. La idea es que los bomberos de las ciudades cubran además las urgencias de la comarca, algo que ya sucede en Santiago y que actualmente se está negociando en A Coruña y Ferrol.

La Ley de Emergencias obliga a la administración a prestar un servicio "integrado y homogéneo" para toda la ciudadanía que hoy dista mucho de ser una realidad. Las distintas empresas que prestan el servicio han apostado cada una por un método de preparación distinta, cuando no son los propios bomberos los que han de costearse su propia formación asistiendo a cursos. Los sindicatos han denunciado además que las concesionarias eligen sus equipos de telecomunicaciones sin garantizar la necesaria compatibilidad con los que utilizan otros servicios de emergencia. Así se han dado casos de urgencias a las que acudieron distintos operativos, y en los que los bomberos de unas y otras empresas no fueron capaces de comunicarse por radio.

Esas disfunciones son las que pretende erradicar el Plan Director, que contempla un mando único al frente de cada consorcio (integrados por Xunta, diputaciones y ayuntamientos). El texto prevé una formación unificada en la Academia Galega de Seguridade y equipos de transmisiones compatibles entre sí para los diferentes parques comarcales.