El estatuto que regula la profesión será aprobado en el último trimestre

El Plan Director que persigue la gestión unificada de las emergencias y el reequilibrio en el territorio es sólo una de las medidas que planea el Gobierno gallego para revertir un modelo inédito en España. Ninguna otra comunidad ha privatizado el servicio de bomberos. El Consorcio de Toledo buscó en 2002 una fórmula similar a la gallega, pero un año y medio más tarde desistió y erradicó la externalización del servicio. Autonomías como Andalucía, Navarra, Aragón y Madrid prohíben taxativamente la privatización de los cuerpos de prevención y extinción de incendios.

A pesar de que la Ley de Emergencias recientemente aprobada en Galicia es ambigua y avalaría en principio la continuidad de los parques privados, fuentes de la Consellería de Presidencia anuncian la presentación a los sindicatos de un borrador del estatuto de bombero. La intención del Gobierno es pactar con los trabajadores el reglamento de la profesión para que pueda ser aprobado antes de final de año. Esta normativa fijará un sistema común de acceso a diferencia de lo que sucede ahora: son las empresas las que deciden libremente las contrataciones en los parques que gestionan sin que la administración haya establecido ningún criterio objetivo. El estatuto deberá resolver además cuestiones sin regular como la promoción dentro del cuerpo y la formación de la que se hará cargo la Academia Galega de Seguridade.

Agentes de la autoridad

Entre las reivindicaciones de los sindicatos está además que la figura del bombero sea considerado como un agente de la autoridad, lo que les confiere potestad para desalojar edificios, cortar el tráfico o acordonar una calle en caso de catástrofe. Unas capacidades de las que no disponen ahora los trabajadores de las empresas que gestionan el servicio privatizado. Pese a que es frecuente que ante una emergencia los efectivos de los parques comarcales tengan que arrogarse esas funciones, desde el punto de vista legal, es dudoso que un operario de una empresa privada pueda ordenar el corte de una calle o la evacuación de una vivienda.

La Plataforma de Bomberos ha llamado la atención sobre la precariedad laboral que tienen que soportar los trabajadores de los parques privatizados. Su portavoz, Carlos Rey, ha recordado que sus sueldos rara vez superan los 800 euros mensuales y ha cuestionado además la capacidad de los retenes. En buena parte de los servicios, las guardias las realizan tres o cuatro personas, un dispositivo suficiente para actuar en algunos accidentes de tráfico, pero que resulta ineficaz para sofocar un incendio por pequeño que sea.

Durante años, los bomberos gallegos han protestado contra el modelo implantado por el Gobierno del PP. El pasado otoño, más de 500 reclamaron en Santiago el fin de la privatización del servicio de emergencias.