Un promotor del 'caso Malaya' termina una obra pese a ser ilegal

En cuestión de días, los exteriores de la urbanización Jardines de la Costa, propiedad del empresario José María Enríquez, imputado en el caso Malaya, han pasado del amarillo desértico al verde vergel. Los operarios retocan las piscinas y últimos detalles de 60 viviendas situada en primera línea de playa en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Todo entraría dentro de la normalidad, si la obra no tuviese un auto de paralización que impide al promotor terminar la obra hasta que haya una decisión judicial.

Los socialistas marbellíes exigieron ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, un mayor control de las obras ilegales hasta que se revisen las 700 licencias irregulares que hay en la ciudad y pidieron que la primera sea la promoción Jardines de la Costa, ya que se ha concluido y podría ser ocupada en los próximos días. "Esta urbanización es contraria a todos los planeamientos y no tiene acomodo en la nueva revisión del PGOU, además de ejemplarizar los chanchullos de la operación Malaya", afirmó el concejal Javier de Luis. El edil socialista pidió que se declare nula de pleno derecho para evitar que llegue a ocuparse.

Hasta el momento, la alcaldesa de Marbella se ha negado a revisar las licencias concedidas por los gobiernos gilistas y posgilistas, alegando que saturaría la delegación de Urbanismo. La regidora popular ha optado por esperar a la aprobación del nuevo Plan General y revisar después los permisos que queden fuera.

En contra de lo que argumenta el equipo de gobierno, los socialistas mantienen que la revisión puede suponer importantes ingresos para el Ayuntamiento pues no sólo se sanciona al promotor, al técnico y al político que autorizó la actuación, sino que se obligará a normalizar la promoción compensando a los ciudadanos de Marbella. "Puede producirse un efecto cascada entre los promotores que, al comprobar que van a ser sancionados, llegarán a acuerdos previos con el Ayuntamiento", aseguró De Luis.

La parcela de Jardines de la Costa, de unos 8.000 metros cuadrados, perteneció al Ayuntamiento de Marbella. Según un auto del caso Malaya, fue cedida a la sociedad Galerías Comerciales, del empresario granadino Tomás Olivo, como dación de pago por un valor de 200 millones de euros. Olivo, también imputado en el caso Malaya, la vendió a la sociedad FNG Inversiones, propiedad de Juan Antonio Roca, y el ex asesor de Urbanismo la ofertó un año después por 600 millones de euros a su actual propietario.

Estaba calificada en el PGOU del 86 como área libre. La revisión del plan del 98, aprobada por Jesús Gil, la calificó como poblado mediterráneo. En aquel momento se permitió la construcción en ella de 41 viviendas, aunque después de algunos cambios en el proyecto, la promoción ha terminado ocupando el dominio marítimo terrestre y se han levantado en la parcela 61 casas.