Roca ganó 22,6 millones en promociones de Ávila Rojas para las que aportó suelo

El ex gerente de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y el constructor granadino José Ávila Rojas mantuvieron durante años una relación mucho más compleja que la de meros perceptor y pagador de cohechos. Ambos compartieron numerosos negocios inmobiliarios de los que obtuvieron suculentos beneficios. El propio Ávila Rojas ha reconocido que Roca le proporcionó suelos para algunas de sus promociones por lo que obtuvo unas ganancias de más de 22 millones de euros, además de aportar su poder para conseguir del Ayuntamiento de Marbella las licencias correspondientes, en algunos casos ilegales.

El grupo de empresas de José Ávila Rojas ha sido la promotora más activa en Marbella durante los años del gilismo. Funcionarios municipales han corroborado en declaraciones judiciales el trato de privilegio que se le brindaba en el consistorio, y en la sede de Mara Asesores, donde Roca llevaba la contabilidad de sus actividades, la policía se incautó de numerosa documentación sobre las promociones del constructor granadino y las vinculaciones con sociedades de Roca. En uno de sus autos, el juez Miguel Ángel Torres llegó a afirmar que ambos "eran uno en Marbella".

En el auto de procesamiento del caso Malaya, el juez describe el procedimiento empleado: "Roca se hace con la propiedad de alguna parcela, se vale de su posición y poder en el Ayuntamiento de Marbella para mejorar sus características urbanísticas y se sirve del grupo de empresas de José Ávila Rojas para maximizar las ganancias del fruto de los ilícitos en los que participa, y necesita a un constructor y promotor y elige a Ávila Rojas que se presta a ello, resultando de esta simbiosis beneficios para ambas partes".

Ávila Rojas ha reconocido al juez que firmó varias permutas con Roca para diversas promociones en las que éste ponía el suelo y él la construcción, incluso en el mes de mayo pasado entregó al magistrado una relación de ocho operaciones por las que correspondían a Roca 22,6 millones de euros. De ese dinero, 8,2 millones lo entregó en efectivo, otros 9,4 millones fueron compensados con la entrega de viviendas y casi cinco millones quedarían aún pendientes de saldar. Según esta relación, Ávila Rojas compró a Invest Arcela los suelos para las promociones La Biznaga, Villa de las Brisas y un chalet de lujo en Camoján; a Inversora Eridano el de la urbanización El Alcornoque, y a Masdevallía los terrenos para La Represa y unos derechos de aprovechamiento por seis millones de euros.

Con Condeor, Ávila Rojas pactó la construcción de dos hoteles, uno en Murcia y otro en Marbella, el Hotel Bahía Golf, que construiría y explotaría durante 50 años a cambio de 300.000 euros anuales. Este hotel, junto al Hospital de la Costa del Sol, está paralizado por resolución judicial dada la ilegalidad de la licencia, y es una de las construcciones que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella deja fuera de ordenación por considerarla ilegalizable.

Aunque Ávila Rojas negociaba los contratos con Roca, éstos eran firmados por Manuel Sánchez Zubizarreta, el director del gabinete jurídico que creó y encubrió todo el entramado societario del presunto cerebro de la trama de corrupción.

Entre los documentos aportados por Ávila Rojas al juez figura la lista con las viviendas entregadas a Roca por valor de 9,4 millones de euros, 17 casas en siete promociones distintas con tasaciones que oscilan entre 1,7 millones de euros y 33.440 euros. Según el juez, en algunas promociones Roca tenía derecho al 25% del precio en el que vendieran las viviendas.

La entrega de casas era una práctica habitual en los negocios entre ambos, y Roca las usaba en ocasiones para pagar obras de arte y en otras para gratificar a sus testaferros y colaboradores o brindarles la posibilidad de adquirir pisos a precios más baratos que los de mercado.

Según el juez, la policía ha acreditado que, entre otros, Roca entregó viviendas a los corredores de arte Jean Fournets y Beto Pedronzo, imputados de blanqueo de dinero y en el caso del segundo en busca y captura, a sus testaferros Montserrat Cogulla, Óscar Benavente, Julio Blasco y Rafael Doménech, o a la veterinaria de la ganadería Marqués de Velilla, entre otras personas citadas por el juez.

Muchas de estas promociones conjuntas entre Ávila Rojas y Roca han sido impugnadas por la Junta por construirse con licencia ilegal, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado la paralización de algunas de ellas. La Administración autonómica tiene impugnadas más de 30 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento a empresas del grupo de Ávila Rojas. De hecho, la mayor parte de las 752 viviendas que quedan excluidas del sistema de normalización introducido en el nuevo PGOU, han sido promovidas por Ávila Rojas (456 casas más el mencionado hotel Bahía Golf). Entre ellas se encuentra la construcción que posiblemente se ha convertido en paradigma de las ilegalidades urbanísticas cometidas estos años en Marbella, Banana Beach, donde el Ayuntamiento de Marbella concedió licencia de primera ocupación días después de que el Tribunal Supremo ratificara la ilegalidad de la construcción. Esta licencia fue objeto del primer procedimiento penal por delito urbanístico en Marbella y se saldó con una sentencia de seis meses de prisión para el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ex concejales.

Pese a la estrecha relación de socios que según el juez unía a Roca y Ávila Rojas, el ex gerente de Urbanismo de Marbella no perdonaba. Según consta en el sumario del caso Malaya, sólo en los últimos cuatro años de gobiernos municipales del GIL, el constructor granadino pagó a Roca más de cinco millones de euros en supuestos cohechos para obtener resoluciones favorables del Ayuntamiento de Marbella. La última entrega, 150.000 euros, se realizó el 14 de marzo de 2006, apenas dos semanas antes de la detención de Roca, para la obtención de una licencia de primera ocupación en Nueva Andalucía sobre la que los técnicos municipales habían emitido informe desfavorable. Ávila Rojas contó al juez en su última declaración, el 27 de mayo pasado, que se vio obligado a pagar "porque tenía a la gente prácticamente dentro de sus casas", y aseveró: "Roca era insaciable, siempre quería más dinero".