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Reportaje:

Cuatro años esperando al Yak-42

Nadie ha asumido responsabilidades políticas ni judiciales por la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz

Miguel González

El pasado 24 de mayo, 48 horas antes del cuarto aniversario del accidente del Yak-42, un alto cargo de Defensa llamó a Pacho González Castilla, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los 62 militares muertos en la más grave catástrofe del Ejército español en tiempos de paz. Intentó convencerle de la inconveniencia de celebrar un homenaje en plena jornada de reflexión, con el riesgo de que se interpretase como un acto partidista. Pacho dudó por un momento. Le espantaba ser objeto de polémica política, pero muchas familias residían fuera de Madrid y ya habían preparado el viaje. Tampoco tenían la culpa de que ahora, como entonces, su drama coincidiese con las elecciones municipales.

Una nota interna revela que el jefe del Ejército pidió que no se enterrasen los cuerpos sin identificar
El juez ha denegado todas las pruebas solicitadas y quiere archivar el caso sin indagar quién se llevó el 70% del dinero
El general que tachó a Trillo de incompetente murió el 23 de marzo sin ver aclarada la muerte de su hijo

El 25 de mayo de 2003, Pacho pasó la jornada en el colegio de San Isidro, en el madrileño barrio de Latina. Sus obligaciones como presidente de mesa electoral le impidieron acudir a casa de su padre, el general de Intendencia José Luis González Arribas, que celebraba su 72 cumpleaños. De los seis hermanos, sólo faltaron él y el menor, Ignacio, el único que había seguido la carrera militar, como su padre y su abuelo, y quizá por ello era el preferido del primero. Aquel domingo llamó por última vez, para felicitar a su padre y confirmar que al día siguiente llegaría a la base de Torrejón, donde iban a recibirle su esposa y sus tres hijos; la mayor, de cinco años y el menor, con sólo unos meses.

El lunes, Pacho se levantó con prisa y no prestó mucha atención a las noticias, aún confusas, sobre un accidente en Turquía. Sólo más tarde, escuchando la radio del coche, sucumbió a la evidencia de que el avión siniestrado era el que traía a su hermano de Afganistán. Tuvo que frenar en seco para encajar el golpe. De aquel aciago día, recuerda sobre todo la imagen de su padre, hundido en el sillón, incapaz de articular palabra.

El general González Arribas fue el único familiar de una víctima del Yak-42 a quien recibió el titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa. El ex ministro lo cuenta así en sus memorias: "Casi al final del saludo [en el funeral celebrado en Torrejón] una familia encabezada por un general se unió al clamor [de abucheos a los políticos del PP]. Me dirigí al general y le pedí que, haciendo honor a su uniforme y graduación, me dijera cuanto tuviera por oportuno en mi despacho en otro momento. Reaccionó militarmente y me respondió con respeto: 'Así lo haré señor ministro'. Era el general González Arribas". Pacho, que estaba detrás, lo recuerda de forma muy distinta: "Fue él quien saludó al ministro, porque se lo pidió mi cuñada. Trillo no le convocó nunca a su despacho. Mi padre le pidió la entrevista algunos días después".

Durante meses, esperó a que las autoridades aclarasen la muerte de su hijo. No sólo acudió al ministro. Se reunió con antiguos compañeros de armas, a quienes trató de convencer de que el Ejército era el primer interesado en depurar responsabilidades. Todos le instaron a la resignación y el silencio.

La gota que colmó su indignación fue el hallazgo, en el lugar del siniestro, de las chapas que, según Defensa, habían servido para identificar los cadáveres y supuestamente se habían enterrado con ellos. Las recogieron los familiares que viajaron a Turquía invitados por el club de futbol Villarreal, que jugaba con un equipo local.

"Un ejército profesional no se merece responsables políticos tan incompetentes, que actúan desde la prepotencia y que no asumen sus responsabilidades", escribió el general González Arribas en una carta abierta a Trillo, fechada el 20 de octubre de 2003.

Trillo jamás contestó a esa carta. Alegó, como otras veces, que no quería "polemizar con las familias". Esa tarea correspondió al jefe del Ejército de Tierra, el general Luis Alejandre. "Refugiarse en la búsqueda de causas, de responsabilidades, no conduce más que a perpetuar el dolor sin beneficio alguno", le escribió a González Arribas.

El sucesor de Trillo, José Bono, dijo en el Congreso que un militar había advertido, antes del funeral, de los errores en la identificación de cadáveres. Bono no reveló su nombre, pero éste figura en una nota del jefe del Estado Mayor de la Defensa, fechada el 30 de junio de 2004. Según la nota, "el general Alejandre, conocedor de que no había seguridad en la identificación de todos los cadáveres, manifestó su opinión de entregar únicamente aquellos identificados de forma positiva y trasladar los demás a un tanatorio".

El consejo de Alejandre fue ignorado por Defensa. Cuando algunas familias expresaron dudas, se las descalificó sin contemplaciones. "Sólo me queda lamentar que haya llevado usted a otros familiares de las víctimas mayor preocupación y dolor por un proceso de identificación que fue llevado a cabo con total entrega y rigor", recriminó a una viuda el número tres de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte.

Aunque Defensa intentó evitarlo, las familias lograron, en marzo de 2004, que las autoridades turcas les entregasen el acta que demostraba que sólo 32 cadáveres fueron identificados, mientras que los otros 30 se repatriaron y enterraron sin identificar.

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que se había negado a investigar el siniestro, tuvo que hacerlo por orden de la Sala de lo Penal. Los cadáveres fueron exhumados y las pruebas de ADN demostraron que los generales imputados, Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, erraron en el 100% de los casos. En enero de 2005, las familias enterraron por segunda vez a sus difuntos, esta vez a los verdaderos, en lo que supuso una dolorosa y cruel prolongación del duelo. Algunas ni siquiera tuvieron ese consuelo pues, en contra de su voluntad, habían sido incinerados.

Cuatro años después del accidente, la investigación está estancada. El juez Grande-Marlaska, que sustituyó a Palacios, ha rechazado todas las pruebas solicitadas y quiere archivar el sumario sobre la contratación del Yak-42, sin aclarar por qué cinco intermediarios se quedaron con el 70% del dinero que pagó Defensa y más de una docena de quejas sobre vuelos previos cayeron en saco roto.

El pasado 26 de mayo, jornada de reflexión, varias decenas de familiares depositaron flores en el monumento levantado ante el Cuartel General del Ejército del Aire, en el centro de Madrid. No hubo autoridades ni políticos, aunque sí un despliegue policial tan excesivo como inútil. Quien no pudo estar presente fue el general González Arribas, que falleció dos meses antes. Dejó escrita, sin embargo, su carta de respuesta al general "Sé que nunca más recuperaré a mi hijo pero dame, al menos, el consuelo de la verdad", le pidió.

Pacho González, presidente de la asociación de familiares, ante el monumento a los muertos en misiones de paz.
Pacho González, presidente de la asociación de familiares, ante el monumento a los muertos en misiones de paz.ULY MARTÍN

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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