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EL TSJ declara ilegales las obras del nuevo edificio del Ayuntamiento de Calp

El Consistorio utilizó para su construcción fondos destinados a viviendas protegidas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha declarado ilegales, pese a que ya están finalizadas, las obras de ampliación que llevó adelante el anterior gobierno municipal del Partido Popular en el edificio del nuevo Ayuntamiento de Calp y en la piscina municipal. La sentencia denuncia que los fondos que se utilizaron para la financiación de ambas obras provenían de la venta de suelo municipal que sólo puede estar destinado a promover viviendas de protección oficial. El nuevo alcalde socialista busca fórmulas para devolver el dinero.

El TSJ emite sendas sentencias en las que desestima los dos recursos de apelación que presentó el anterior gobierno del Partido Popular en Calp, presidido por Javier Morató, y argumenta que el dinero obtenido con la venta de Patrimonio Municipal de Suelo no puede destinarse a cualquier fin, "sino al de desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones", a través de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

El gobierno del Partido Popular gastó en la pasada legislatura alrededor de 3 millones de euros en la rehabilitación del edificio consistorial y 1,7 millones de euros en la construcción de la piscina. El dinero que financió estas obras, provenía de la venta de diversas bolsas de terreno recalificadas como suelo público y que únicamente podían ser destinadas a la promoción de VPO.

Con ambos recursos desestimados, el TSJ impondrá al Ayuntamiento calpino que reponga el importe total del gasto que realizó en sufragar dichas obras, es decir, 4,7 millones de euros que sólo pueden ir destinados a viviendas de promoción pública. Pese a que las obras son ilegales, el edificio no se demolerá, aunque habrá que devolver toda la partida que supuso su coste. El ex alcalde de Calp ya acumulaba tres sentencias del TSJ, junto a estas dos, que estaban recurridas por vender en los últimos años suelo municipal, incurriendo así en un delito urbanístico, según especifica la ley.

La Subdelegación del Gobierno llegó a impugnar al Ayuntamiento popular hasta 40 partidas, que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas sino a gastos del equipo de gobierno entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano, equipos de aire acondicionado, el acondicionamiento de la calle de la Pilota y la ampliación efectuada en el edificio consistorial, que ahora es declarada ilegal junto a las obras de la piscina.

El Tribunal Superior de Justicia confirma en las sentencias la "ilegalidad" de las obras efectuadas al estar financiadas con cargo a los fondos del suelo municipal cuya finalidad es "muy distinta" y añade que para estas obras se puede utilizar la partida de gasto corriente del Ayuntamiento.

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El problema para que el actual Ayuntamiento pueda devolver el dinero es la liquidez, que ya justificaba el anterior alcalde del PP, Javier Morató. Y es que el gobierno popular de Calp ha endeudado en estos últimos años el Ayuntamiento "al límite", y sigue aumentando las deudas con las sentencias. Hasta ahora, la deuda calpina ascendía a 60 millones de euros entre deuda bancaria y derechos urbanísticos, lo que supera el 100% del endeudamiento permitido.

En el primer pleno convocado en el Ayuntamiento con la nueva dirección PSPV, Bloc y PSD, se anunció que se realizaría una auditoria al Consistorio para averiguar dónde se ha invertido tanto dinero. Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero de Calp "ha desaparecido" de las arcas municipales.

Sin embargo, las facturas siguen llegando. El equipo de gobierno actual denuncia la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado por parte del PP, y que por tanto permanecen pendientes de pago, y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera", a la espera de que se conozca el concejal que lo encargó y la partida a la que deben cargarse.

El PP no ha querido realizar comentarios al respecto y su responsable de Hacienda, Fernando Penella ya matizó en sesión plenaria que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para Calp".

El edil nacionalista, Ximo Tur recuerda que a un mes de las elecciones el PP solicitó dos créditos por un total de 10 millones de euros, lo que "compromete actualmente mucho la sostenibilidad económica del consistorio", sentencia.

Según La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a un municipio como Calp, de más de 10.000 habitantes, las bolsas de suelo municipales sólo pueden ser destinadas a la promoción de VPO, según los técnicos del Ayuntamiento, el ex alcalde popular durante sus doce años de legislatura debería haber promocionado 200 viviendas, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna en todo el término municipal en los últimos 14 años.

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