El intento de Morales de controlar el Constitucional desata una crisis política

Bolivia se encuentra inmersa en una grave crisis política e institucional que amenaza al poder judicial, la Asamblea Constituyente y la precaria tranquilidad ciudadana. El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó ayer en solitario, tras una batalla campal entre diputados en el Parlamento, abrir un juicio político a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, acusados por el presidente boliviano, Evo Morales, de prevaricación.

El grupo parlamentario del MAS se había trasladado a la sede de la Vicepresidencia para reanudar la sesión, después de que la diferencia de opiniones sobre el juicio a los magistrados entre los diputados del oficialismo y la oposición, que tomó la presidencia de la Cámara para impedir la sesión, fuera saldada a puñetazos, patadas y tirones de pelo. La resolución fue aprobada por mayoría absoluta, con el voto de 61 de los 68 diputados del MAS que estuvieron presentes en la insólita sesión celebrada en la Vicepresidencia.

Morales acusó a los cuatro magistrados de violar la ley al haber determinado la suspensión de otros cuatro miembros de la Corte Suprema que él había designado, y que luego fueron reemplazados por el Congreso. El Constitucional ha reconocido la legalidad de un decreto de Morales que designaba a estos magistrados, pero sólo les permitía ejercer el cargo hasta que el Congreso aprobase los nombramientos de jueces para las plazas vacantes. Los magistrados designados por Morales tenían el específico encargo presidencial de acelerar el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de El Alto, donde murió un centenar de personas en 2003.

El juicio político que quiere emprender el MAS puede dejar el Constitucional sin magistrados elegidos por el Parlamento, lo que se considera como un duro golpe a las instituciones democráticas.

Sucre, entretanto, fue ayer escenario de choques entre grupos ciudadanos y de universitarios con la policía, que guarda celosamente la sede de la Asamblea Constituyente, que anunció la reanudación de sus sesiones. Los manifestantes reclaman el traslado de los poderes legislativo y ejecutivo de La Paz a Sucre, para que esta última ejerza como capital plena de Bolivia.