Socialistas y Esquerra Unida piden una norma urbanística aceptable por la Unión Europea

Francesc Signes, por el PSPV, y Glòria Marcos, diputada autonómica y coordinadora general de Esquerra Unida, coincidieron ayer al reclamar al Consell que "corrija" la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para evitar nuevos varapalos de la Unión Europea contra "la falta de transparencia" en los procesos de adjudicación de obras a los denominados agentes urbanizadores, la figura que consagró la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), de 1994. La falta de desarrollo reglamentario de LRAU desde que el PP llegó a la Generalitat en 1995 propició todo tipo de perversiones por el exceso de autonomía que gozaban los ayuntamientos para regular las actuaciones en sus términos municipales. Las denuncias de vecinos afectados por planes desarrollados al amparo de LRAU han provocado sucesivos pronunciamientos del Parlamento Europeo contra el urbanismo valenciano y forzaron la aprobación de la LUV.

Pero el comisario de Medio Ambiente de la UE, el griego Stavros Dimas, mantiene dudas sobre la transparencia de la LUV y espera una resolución al respecto del Tribunal de Justicia Europeo para exigir nuevos cambios.

La posibilidad de un pronunciamiento judicial contra la LUV "podría suponer la nulidad de la mitad de los desarrollos urbanísticos de los últimos años", alertó Signes, "no solo ocasionaría daños irreparables a los afectados sino que tendría un impacto demoledor sobre la economía valenciana".

Glòria Marcos, por su parte, apeló "a la responsabilidad por parte del PP para que deje el victimismo contra la Unión Europea y se ponga a trabajar en una nueva legislación urbanística que no provoque que nos saquen los colores constantemente desde Bruselas".

Antonio Clemente, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, replicó que la LUV es una norma "moderna y ágil" que "ha servido para solucionar todos los problemas que había acarreado la LRAU, aprobada por los socialistas".