Pistas en busca de un final feliz

José David y Alberto Luis Parra, de 12 y 10 años de edad -los hermanos de nacionalidad portuguesa y residentes en Torrent (Valencia) que fueron secuestrados el pasado domingo en Venezuela- deberían estar hoy en el interior de alguna de las majestuosas iglesias que hay en la ciudad venezolana de San Cristóbal celebrando su primera comunión. Todo estaba listo para la ocasión, pero no pudo ser. Los delincuentes que hace una semana los secuestraron junto a su tío, David Barreto, de 35 años, y el hijo de éste, David Mariano, de 10, no han atendido aún a las súplicas de la familia de dejarlos en libertad.

Desde que fueron interceptados, a unos minutos de la represa de Uribante-Caparo, al sur del estado de Táchira, limítrofe con la conflictiva frontera que comparten Venezuela y Colombia, nada se ha sabido sobre su paradero. El jefe de la policía científica del estado andino, el comisario Gustavo Peña, declaró a los medios venezolanos que "las pesquisas continúan en la zona fronteriza" y que "hasta el momento los captores no han establecido ningún tipo de contacto con la familia". La guerrilla colombiana se ha apresurado a afirmar que nada tiene que ver con estas desapariciones, y todo hace pensar que se trata de un caso de delincuencia mafiosa.

Peña aseguró que ha habido personas, a las que tildó de "inescrupulosas" o "posibles antisociales", que han llamado a los familiares venezolanos de los niños haciéndose pasar por los secuestradores para exigirles dinero.

Pese a este panorama desolador, en el Gobierno venezolano aseguran que la policía dispone información que podría ayudar a dar con los tres niños y el adulto. Fuentes gubernamentales revelaron que una persona que había presenciado el secuestro ha aportado pistas que se están investigando. Los agentes mantienen en secreto la identidad de ese testigo y su testimonio.

"El testigo fue el que denunció el secuestro. Al parecer, pensó que se trataba de un robo, y cuando se enteró por los medios de comunicación de lo que ocurrió, se puso a disposición de las autoridades. Está bajo protección para garantizarle su seguridad", aseguraron las citadas fuentes.

De la investigación sólo ha trascendido que se ha examinado con todo detalle el todoterreno donde viajaban Barreto, su hijo y sus sobrinos. Además, las operaciones de búsqueda ya no se circunscriben a Táchira, sino que se han extendido a los estados de Apure, Mérida y Portuguesa, lo cual da a entender que los secuestrados siguen en territorio venezolano.

Táchira, al igual que todos los estados de Venezuela que colindan con Colombia, son zonas de paso para la guerrilla, los paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes. Allí los secuestros, "las vacunas" -pagos que los grupos insurgentes colombianos exigen a los empresarios, comerciantes y ganaderos venezolanos, bajo amenaza de secuestro- y el sicariato (asesinatos por encargo) son frecuentes. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) afirma que actualmente hay 78 personas en cautiverio, mientras que el Gobierno ha reconocido que en lo que va de año se han producido 140 secuestros.

El ministro del Interior, Pedro Carreño, garantizó esta semana que las autoridades policiales y militares harán todo lo que esté a su alcance para resolver este caso. "El Estado venezolano se está moviendo de manera enérgica. El Cicpc (policía científica), el Grupo Antisecuestro de la Guardia Nacional y la Disip (policía política) trabajan conjuntamente para liberar a estas cuatro personas", declaró a Unión Radio el funcionario.

En la mente de los venezolanos aún está fresco lo ocurrido en el último secuestro múltiple, el de los hermanos John, Kevin y Yeison Faddoul, quienes a mediados del año pasado fueron secuestrados en Caracas junto a su chófer, Miguel Rivas, y días después aparecieron muertos a las afueras de la capital.

Ahora, como parte de un despliegue especial en la lucha contra los secuestros, la fiscalía venezolana ha incorporado a dos nuevos fiscales a la investigación, Jairo Escalante y Dilier Rojas. Este último, según fuentes policiales, "fue funcionario de los servicios de inteligencia antes de ingresar en la fiscalía y tiene mucho olfato para estos casos".

El incremento en el número de secuestros en los últimos años en Venezuela ha impulsado a las autoridades a adoptar medidas, algunas muy polémicas. El Parlamento discute actualmente un proyecto de ley en el que se propone congelar las cuentas bancarias de los familiares de un secuestrado, para así evitar que paguen por su liberación.

Hay quien cree que este tipo de decisión no llevará a ninguna parte. "La industria del secuestro dejará de serlo en la medida en que no sea rentable para los secuestradores, pero para ello hay que golpear a los secuestradores y no a las víctimas y a sus familias", enfatiza un jurista venezolano.