La Dehesa mantiene la vigilancia privada contra un informe policial

La urbanización Dehesa de Campoamor de Orihuela (5.500 casas) seguirá con vigilancia privada pese al informe de julio de la Dirección General de la Policía, que cree que el servicio se desarrolla de forma ilegal. La asamblea de la entidad urbanística, que contrata el servicio, aprobó ayer la partida para 2007/2008 de 483.000 euros para mantener la vigilancia privada. También acordó iniciar los trámites para convertir la urbanización en entidad local menor, una segregación económica parcial de Orihuela.

Alrededor de un centenar de personas acudieron ayer a la asamblea de la entidad urbanística. Entre los acuerdos se dio luz verde a la partida de 483.000 euros dirigida a mantener la vigilancia privada. La partida se aprueba pese a que el 7 de julio la Dirección General de la Policía cerrara un expediente en el que contempla una propuesta de multa de 6.300 euros a la empresa. También se produce a pesar de que la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, anunciara esta semana que abrirá un expediente sobre este servicio.

La polémica arranca de 1998, cuando la entidad urbanística que gestionaba el complejo de la costa oriolana quedó sin contenido una vez el Ayuntamiento de la localidad recepcionó la obra. Tras este paso, el Consistorio emitió un certificado en el que asumía la prestación de todos los servicios, incluido la seguridad ciudadana. La entidad urbanística, sin embargo, se amparó en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que estimaba parcialmente su recurso contra el acuerdo de disolución acordado en pleno en 2002, y mantuvo su actividad. Entre sus iniciativas, contrató un servicio privado de seguridad. El Gobierno, en 2005, declaró ilegal el servicio, pero la entidad ha vuelto a contratar a la misma empresa argumentando que sólo realizan tareas de "custodia de llaves". Una tarea que el presidente de la entidad, José Rafael Ayuso, asegura que fue autorizada el 28 de agosto de 2006 por el comisario jefe provincial de la Comisaría de Policía de Alicante. Pese a ello, la Dirección General de la Policía el 7 de julio cerró el expediente con la mencionada propuesta de multa al considerar que el servicio se desarrolla de forma ilegal.

En la asamblea también se acordó contratar un gabinete jurídico que inicie los trámites para convertir el complejo en una entidad local menor. Esta figura implica una descentralización, la segregación económica parcial de la urbanización, que gestionaría parte del presupuesto y algunos servicios.

La asamblea, que se prolongó durante algo más de dos horas y a la que acudieron invitados representantes de algunos partidos políticos entre ellos el del partido del litoral oriolano, CLARO, aprobó todos los puntos del orden del día por mayoría absoluta, entre asistentes y alrededor de 300 votos delegados. Los representantes de la Asociación de Copropietarios de la Dehesa de Campoamor, que representan a un centenar de propietarios, votaron en contra. Su presidente, que tuvo que intervenir al final de la asamblea, criticó una reunión que calificó de "mitin político" y aseguró que la entidad es "un cadáver".

Fuentes del colectivo insistieron ayer en que los acuerdos tomados en una entidad como ésta que no estén dentro de sus estatutos y del reglamento de gestiones urbanísticas que rige su funcionamiento (como es la contratación de un gabinete jurídico) "son nulos de pleno derecho". Critican también que se mantenga la vigilancia privada pese a que el Ayuntamiento de Orihuela ha anunciado la disolución de la entidad y a que el Ministerio del Interior la considera ilegal. La asociación ha pedido una reunión con la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente para hablar de la situación de la urbanización.

Mientras, el presidente de la entidad, José Rafael Ayuso, desvinculó la decisión de convertir el complejo en una entidad menor de la intención del Ayuntamiento de disolver la entidad y lo atribuyó al olvido que sufren del Consistorio.