Un informe critica que los estatutos primen la propiedad al uso del agua

La incorporación del problema del agua a las reformas estatutarias podría "constituir un problema de orden político", según un informe del Instituto de Derecho Público, que lamenta que la lucha por la propiedad de este recurso se imponga sobre un "uso racional y solidario".

Estas afirmaciones se recogen en la valoración general que introduce el Informe de las Comunidades Autónomas 2006 de dicho instituto, elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos. Aunque el catedrático reconoce que, "en ocasiones", las previsiones estatutarias se limitan a meras declaraciones de voluntad sobre la forma de gestionar el recurso, puntualiza que problemas políticos podrían aparecer en el momento en el que deban adoptarse "decisiones concretas" sobre su administración "en los órganos competentes".

Tornos subraya que las reformas estatutarias han generado un "efecto de emulación y de confrontación entre comunidades limítrofes o con intereses sobre las mismas cuencas". Dicho enfrentamiento, añade, ha quedado de manifiesto en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra estatutos aprobados, así como en la intención, hecha pública por varios Gobiernos autonómicos, de impugnar las previsiones que aparecen en los proyectos de las nuevas reformas. El autor del informe recuerda que los estatutos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón, que ya han sido aprobados, así como el de Castilla-La Mancha, que continúa su trámite en el Congreso, incluyen alusiones a este tema desde diversas perspectivas.