Luz verde del Gobierno al macropuerto

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la declaración de impacto ambiental "favorable" a la ampliación del Puerto de Valencia de acuerdo con lo dispuesto en un Real Decreto de 1986. El Ministerio de Medio Ambiente ha resuelto el expediente en un plazo de apenas 11 meses, frente a los 18 meses que se tomó para resolver la declaración de impacto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. La resolución plantea un plazo cautelar de cinco años para comprobar las afecciones que las obras puedan producir sobre las playas adyacentes al puerto.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) solicitó la declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia el 12 de septiembre de 2006, dos días antes de que entrara el vigor la nueva legislación sobre evaluación ambiental estratégica, mucho más exigente que el decreto de 1986 y que faculta al Ministerio de Medio Ambiente a plantear alternativas a las propuestas sometidas a su análisis. Dadas las circunstancias, Medio Ambiente solo ha podido optar entre uno de los cinco proyectos posibles de ampliación del puerto de Valencia que le presentó la APV, el más razonable, que prevé "la creación de una dársena en la zona Norte exterior al Dique de Levante actual a través de la construcción de un dique exterior de dos alineaciones, dejando abierta la [nueva] bocana orientada hacia el Sur".

La resolución que firma el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, alerta sobre "el fuerte impacto" de las obras de ampliación sobre las playas situadas al Sur del Puerto, "no tanto en relación con la trampa de sedimentos que supone el puerto (puesto que ya lo es en la actualidad), sino con el incremento de la zona de sombra de oleaje. Algunas playas que en la actualidad presentan un equilibrio precario, desde el Perellonet hacia Cullera, entrarían en una fase claramente recesiva".

La declaración exige "el seguimiento de la afección" que las obras puedan tener sobre "las playas situadas más al Sur, Arbre Gros y Saler"; plantea la necesidad de elaborar un estudio de impacto sobre "los hábitats relacionados con las mareas", tellinas y chirlas, y un análisis de la influencia de las obras sobre una determinada pradera de Posidonia Oceanicae. Si fuera preciso extraer algún tipo de material del fondo marino para las obras, Medio Ambiente exige que se respeten las zonas incluidas en la Red Natura, sobre todo las zonas de especial protección en torno a las dunas de L'Albufera, y apunta que las obras se ejecutarán de acuerdo con "un calendario diseñado en función de la avifauna" que anida en el lago.

También exige un plan de vigilancia ambiental que incluya medidas correctoras "para evitar la regresión o basculamiento de las playas situadas tanto al Norte como al Sur". Tales medidas serán recogidas en "un proyecto específico promovido por la APV y sometido, si procede, al procedimiento de impacto ambiental", siempre de acuerdo con la legislación de 1986, y que "deberá ser aprobado por la dirección general de Costas".

El plan de vigilancia velará por el respeto a "un estudio previo del patrimonio arqueológico", la evolución de la calidad de las aguas y la afección sobre los recursos pesqueros de la zona y sus playas.