Infradebate

El debate sobre infraestructuras en Cataluña celebrado ayer con ocasión de la comparecencia parlamentaria de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, estuvo a la altura del funcionamiento de los trenes de cercanías, el suministro eléctrico y las carreteras de esa comunidad. La mayoría de los grupos, salvo el socialista y los nacionalistas vascos y gallegos, pidieron a la ministra que dimitiera, considerándola responsable de la crisis vivida durante las últimas semanas, y negaron veracidad a las cifras ofrecidas por ella para demostrar que el Gobierno actual había realizado "el mayor esfuerzo inversor en Cataluña de la historia".

La ministra admitió un error, aunque por exceso de celo: haber intentado hacer compatibles las obras del AVE con el funcionamiento de las líneas de cercanías que llegan a la estación de Sants. Es elogiable que asumiera el compromiso concreto de que el problema estará solucionado en diciembre, y aliviado desde finales de septiembre. Ello le obliga a rendir cuentas en su momento. En todo lo demás se mostró comprensiva con la irritación ciudadana, pero negó las acusaciones de sus críticos. Acusaciones en ocasiones demagógicas: el representante de ERC recomendó a la ministra no volver a viajar a Cataluña "en plan señorito andaluz", sino como "jornalero de un país maltratado".

El mismo portavoz emplazó al de CiU a exigir en la tramitación de los próximos presupuestos garantías de que se cumplirá el compromiso incluido en el nuevo Estatuto de equiparar la inversión del Estado en infraestructuras a la aportación de Cataluña al PIB español (el 18,8%). Lo dijo después de que la ministra asegurase que el Gobierno había invertido más que ese porcentaje, "adelantándonos al mandato del Estatuto", y más también que el PP en la anterior legislatura, lo que negó el portavoz de CiU. Con independencia de quién lleve razón en cuanto a las cifras, el debate puede considerarse un indicio de las dificultades de Solbes para cuadrar unos presupuestos que no echen atrás sus aliados: ayer estuvieron en contra del Gobierno tanto sus aliados actuales, IU y ERC, como los que Zapatero quisiera en el futuro, CiU.

Un riesgo de plantear el debate en esos términos es que se oscurece la identificación de las responsabilidades concretas de las administraciones en los fallos detectados en servicios públicos esenciales. Como el suministro eléctrico. El apagón que martirizó a los barceloneses es un caso de falta de inversiones en el mantenimiento y mejora de la red de suministro, y de confusión interesada a la hora de asumir responsabilidades. Con el hilo conductor de la negligencia inversora puede seguirse la cadena de causas que provocaron las tinieblas del 23 de julio. La explicación más probable del desprendimiento del cable de Endesa sobre la estación de Collblanc, gestionada por Red Eléctrica de España (REE), es la falta de mantenimiento. De igual forma se puede explicar el incendio de la estación de Maragall, puesto que los cables que se incendiaron están refrigerados con aceite, un procedimiento obsoleto. Y las dificultades para devolver el suministro a los ciudadanos se originan en la ausencia de inversión en la red de distribución de 110 kilovoltios, intermedia entre el transporte de alta y la red capilar que llega a los hogares, a través de la cual, de haber existido, se podía haber repuesto el servicio en horas.

Un paso imprescindible para corregir la deplorable calidad del servicio eléctrico en Cataluña -probablemente el más débil de la Península, junto con el andaluz- es imputar a Endesa y Red Eléctrica de España (REE) la cuota de responsabilidad que les corresponde en el desaguisado eléctrico. A pesar de los denodados esfuerzos de Manuel Pizarro, presidente de Endesa, por quitarse a manotazos cualquier culpa y pelotearla hacia REE, conviene recordar que Endesa ha gestionado la red barcelonesa formalmente hasta 2003 desde que compró Fecsa en 1997; y que incluso a partir de esa fecha, y durante aproximadamente dos años, firmó contratos de mantenimiento de redes y subestaciones en Cataluña. Como la construcción de nuevas subestaciones y la reparación o sustitución de las existentes o de los cables que las alimentan son tareas de medio plazo, hay que deducir que alguna responsabilidad le cabe a Endesa en el lastimoso estado de la red eléctrica catalana.

REE debe aceptar graves errores de cálculo sobre las consecuencias sobre los consumidores de una red de distribución tan deteriorada. Atienza explicó en el Parlamento catalán que ha multiplicado por cinco la inversión en transporte en Cataluña; pues bien, ha resultado insuficiente y debió decirlo antes. La ciudad sufre por un debilísimo mallado de las estaciones y subestaciones transformadoras. De cada una de ellas dependen hoy demasiados barrios y usuarios. Es necesario construir más subestaciones y conectarlas mejor, para que en caso de incidentes como el de Collblanc los ciudadanos afectados reciban la electricidad desde otros centros. Por eso, ahora es perentorio que REE ponga en marcha un plan que persiga una nueva configuración del mallado eléctrico catalán, para que una parte del país no parezca tercermundista.