El Gobierno nacionalista de Escocia propone un referéndum para la independencia

Los partidos mayoritarios en el Parlamento autónomo se oponen a romper con el Reino Unido

El ministro principal del minoritario Gobierno escocés, Alex Salmond, lanzó ayer una propuesta de reforma constitucional que incluye la convocatoria de una consulta popular sobre la polémica cuestión de la independencia del histórico reino. El plan del líder nacionalista ha puesto en armas a la oposición política mayoritaria en el Parlamento de Edimburgo. Dejando a un lado sus diferencias, los diputados autonómicos de los partidos Laborista, Liberal Demócrata y Conservador se han coaligado contra lo que consideran una intentona de "poner fin a la Unión", es decir, al Reino Unido.

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La convocatoria, en la presente legislatura, seguramente en 2010, de un referéndum sobre la independencia de Escocia es una promesa del Partido Nacionalista Escocés (SNP, en sus siglas en inglés), que se incluye en el último manifiesto electoral. Con la oposición unida en su contra, es muy difícil que Salmond llegue a convocar la consulta, pero sí puede, votación a votación, con apoyos puntuales en el Parlamento, ir arrebatando competencias al Gobierno de Londres en los próximos años.

Liderados por el veterano Alex Salmond, los nacionalistas dieron un vuelco en las elecciones autonómicas del pasado mayo, cosechando 20 escaños más que en los comicios anteriores y desplazando, por primera vez, a los laboristas a un segundo puesto en el reparto de votos. Frustradas las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, Salmond optó por liderar un Ejecutivo minoritario con 47 escaños de un total de 129.

Contra todos los pronósticos, los nacionalistas apenas han dado un paso en falso desde entonces. Y aprovechando el periodo de gracia de sus tres meses de gobierno, Salmond lanzó ayer su propuesta independista en un documento de 40 páginas titulado "Eligiendo el futuro de Escocia: independencia y responsabilidades en un mundo moderno".

El Libro Verde pretende iniciar "una conversación nacional" sobre las tres vías posibles de reforma constitucional que esboza el Ejecutivo nacionalista: desarrollo de la autonomía sin romper el sistema vigente desde 1997; profunda reforma autonómica con el traspaso de competencias, incluida la recaudación fiscal, que ahora controla Londres, e independencia vía referéndum. Esta última es la opción apoyada por el SNP.

El resto de las principales fuerzas políticas denunciaron el proyecto como un despilfarro de las finanzas públicas que "sólo creará división e incertidumbre". Liberales-demócratas, laboristas y conservadores recuerdan que juntos representan el 65% del electorado escocés, y advierten de que "la cruzada nacionalista" conducirá a Escocia a un "callejón sin salida constitucional". "El pueblo escocés no quiere independencia, y nosotros tampoco", protestó ayer Cathie Jamieson, vicelíder laborista y portavoz en asuntos parlamentarios en Holyrood. El objetivo de este Libro Verde, añadió, "es la ruptura del Reino Unido". En un comunicado conjunto, los tres partidos reiteran que "no ayudaremos a los que quieren romper la Unión".

Los nacionalistas contemplan "enmendar o derogar" el Acto de la Unión, de 1707, que fusionó los parlamentos de Escocia e Inglaterra, y ponen de ejemplo la ruptura de un tratado similar que dio paso a la creación de la República de Irlanda en 1920. Dejarían intacto, sin embargo, la Unión de las coronas inglesa y escocesa.

El plan independista de Salmond se basa en las provisiones de dicho acto que, según el documento, no niega a los escoceses "el derecho a determinar" su futuro constitucional. "Yo creo en la soberanía del pueblo escocés y en su derecho a escoger el estatus del país en el que viven", dijo ayer el ministro principal.

En este sentido, el SNP promociona la independencia e invita al resto de los partidos, organizaciones e individuos a defender posiciones distintas. "Este debate demanda la atención de cada escocés. No porque Escocia está unida respecto al siguiente cambio constitucional, sino porque estamos unidos en la idea de que el no cambio ya no es una opción", defendió Salmond.

El documento desmiga cada etapa hasta la independencia e incluye un proyecto de ley de referéndum con la siguiente proposición: "El Gobierno escocés debería negociar un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido de forma que Escocia se convierta en un Estado independiente". Sin embargo, Salmond no descartó ayer ampliar las preguntas de la consulta con referencias a una radical profundización de la autonomía.

Un Estado escocés formaría parte de la Unión Europea, con una presencia aproximada de unos catorce eurodiputados en Estrasburgo. Reforzaría también los lazos con el resto de los actuales y viejos integrantes del Reino Unido, potenciando el Consejo Británico-Irlandés.

Un reto para Gordon Brown

El primer ministro británico, el escocés Gordon Brown, que se ha alzado en defensor de la unión de Reino Unido desde que tomó posesión de su nuevo cargo, el pasado junio, se enfrenta al reto lanzado ayer por Alex Salmond, jefe del minoritario Ejecutivo autónomo escocés. Con el Parlamento de Holyrood en contra, el primer político nacionalista en hacerse con el poder autonómico avanza con confianza en su proyecto para recuperar la independencia que Escocia perdió en 1707. Invita al diálogo a sus rivales políticos y al resto de los escoceses, sin desviarse de la promesa electoral de su formación, el SNP, de convocar un referéndum. De fracasar en su objetivo independista, Salmond conseguirá probablemente forzar las posiciones tradicionales del resto de las formaciones políticas. El SNP sugería ayer que "las placas tectónicas de la política escocesa están cambiando" y que laboristas, liberales-demócratas y conservadores, se veían ahora obligados a avanzar en sus estrategias autonómicas reclamando a Londres una mayor transferencia de competencias. El propio Brown lanzó, a principios de julio, un proyecto de reforma constitucional de posibles consecuencias para Escocia. Su prioridad, sin embargo, se centra en consolidar el sistema bajo los cánones establecidos en 1997. "Tenemos una división adecuada entre los poderes transferidos y los reservados [en Westminster]", defendía el ministro británico para Escocia, Des Browne, en una entrevista en el Financial Times.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 14 de agosto de 2007.

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