Una revolución administrativa que Tony Blair puso en marcha

La descentralización del poder político es la gran revolución de la Administración laborista, que Tony Blair puso en marcha en su primer año de Gobierno, en 1997. Comenzó con sendos referendos positivos en Escocia y Gales, y se aplicó siguiendo un modelo de "devolución asimétrica", que responde a las diferentes circunstancias históricas de los distintos países constituyentes de Reino Unido. Inglaterra, en cambio, desechó la oportunidad de fundar sus propios Gobiernos regionales con cierta independencia de Westminster.

Escocia, donde estaba vigente un sistema educativo y penal distintivo, recuperó una versión actualizada de su Parlamento con capacidad para legislar en salud, educación, justicia, gobierno local, agricultura y pesca. La autonomía ha evolucionado ligeramente desde entonces, pero Londres aún ejerce control absoluto en materias de índole constitucional, defensa y seguridad o, entre otras, fiscalidad y recursos energéticos, incluido el crudo y gas del mar del Norte.

En Gales, con una devolución de poderes de menor alcance, se creó la Asamblea de Cardiff, que actualmente controla un Gobierno laborista minoritario. Irlanda del Norte formó su primer Gobierno autónomo compartido entre las principales fuerzas políticas de ambas comunidades, protestante y católica, a raíz del Acuerdo de Viernes Santo, de 1998. Suspendida en varias ocasiones dadas las dificultades en el progreso del proceso de paz, la provincia recuperó la autonomía este año con dos antiguos enemigos, el unionista Ian Paisley y el republicano Martin McGuinness, al frente del autogobierno.

La descentralización también desempeñó un papel importante en Londres con la elección de un alcalde que habla y actúa en ciertas materias en representación de la veintena de autoridades locales en las que se estructura la capital.

Si cada región de Reino Unido disfruta de un grado diverso de poder regional, también los partidos políticos difieren en sus posiciones sobre el desarrollo autonómico. En líneas generales, los laboristas abogan por un tímido avance en la transferencia de competencias desde Westminster. Los conservadores son, por tradición, enemigos de ceder poderes a las regiones.