La empresa que creó el chófer de Louzán vive de contratos adjudicados por el PP

Nueve de cada diez euros ingresados por la constructora creada por el chófer de Rafael Louzán proceden de gobiernos afines al presidente de la Diputación de Pontevedra. Durante los dos últimos años, Pavimentos de Meaño sólo acometió obra pública. En 2005 las facturas del organismo provincial y de otros siete ayuntamientos del PP con alcaldes próximos a Louzán sumaron 2.303.712 euros y supusieron el 93% de la facturación de la empresa. En 2006, Pavimentos de Meaño cobró de instituciones del PP, incluida la Diputación de Pontevedra, otros dos millones.

La constructora creada por el chófer personal de Rafael Louzán tuvo durante 2005 a seis clientes privilegiados en instituciones de Pontevedra gobernadas por el Partido Popular. De los 2.396.330 euros que la sociedad ingresó durante ese ejercicio, según las cuentas depositadas en el registro mercantil, 1.839.465 procedieron de contratos adjudicados por la Diputación de Pontevedra que preside el propio Louzán.

Los ayuntamientos de Vilanova de Arousa, Meaño, Cambados, O Grove, y Ribadumia, todos ellos gobernados ese año por alcaldes del PP afines al presidente provincial, le encargaron proyectos por un importe de 374.125 euros. En sus cuentas de 2005 no consta una sola obra civil y las únicas instituciones con un gobierno de color distinto al popular que le realizaron encargos fueron los ayuntamientos de Vilaboa y Moraña que suscribieron dos contratos de 120.333 y 59.643 euros respectivamente. La firma es, según el informe de licitación pública de ese año, la novena que más factura al conjunto de las cuatro diputaciones gallegas. Y eso que ni la de A Coruña, ni las de Ourense y Lugo, encargaron a Pavimentos de Meaño un sólo trabajo en el citado ejercicio.

Durante 2006, aunque la sociedad todavía no ha presentado sus números en el registro, las cosas siguieron más o menos igual para la constructora. Su cuenta de ingresos el año pasado volvió a depender casi exclusivamente de la diputación y de un puñado de alcaldes próximos a Louzán. El organismo provincial le adjudicó contratos por 1.580.620 euros. A los regidores populares de Barro, A Lama, Meaño, Meis y Sanxenxo, Pavimentos de Meaño les facturó 497.000 euros más. Las únicas excepciones fueron otra vez los gobiernos socialistas de Moraña, que contrató trabajos por 120.812 euros, y el de Mos, del mismo partido, que adjudicó obras por 64.116.

El propio Consello de Contas censuró en su último informe la fórmula utilizada por el ayuntamiento de Ribadumia, donde Louzán ejercía como teniente de alcalde, para otorgar obras de saneamiento, conducción y alcantarillado durante 2003. El órgano fiscalizador concluye que el gobierno local fraccionó contratos para rebajar hasta el límite legal los importes de los proyectos y que éstos no fueron sometidos a concursos de libre concurrencia. Así, bastó con que tres empresas presentasen presupuestos para adjudicar los contratos. Pavimentos de Meaño se hizo con el concurso después de que otras dos empresas incumplieran de forma flagrante los pliegos de condiciones. La investigación de Contas halló estrechas vinculaciones entre las tres sociedades que en teoría competían entre sí. En las dos constructoras cuyas ofertas vulneraron las bases, figuraba un único teléfono y una misma persona, que además aparecía en el registro mercantil como apoderada de la sociedad fundada por el chófer de Louzán.

En declaraciones a este periódico, el presidente de la Diputación pontevedresa argumentó que la sociedad "ya no pertenecía a este funcionario" del organismo provincial. Louzán añadió que desconoce la vida de la empresa. Preguntado por la dependencia casi absoluta de Pavimentos de Meaño respecto a la institución que él mismo preside, Louzán explicó que "hay otras constructoras que trabajan únicamente para la Diputación de Pontevedra".

Pavimentos de Meaño fue fundada por Marcos Galiñanes, el conductor con el que habitualmente viaja el presidente de la Diputación. Cuando las adjudicaciones a la sociedad empezaron a saltar a los medios de comunicación, Galiñanes dejó de figurar en las escrituras y pasó a su tío, Jesús Pombo Vidal, el 100% de sus títulos. En la actualidad Pombo Vidal, que también trabajó en la diputación como maquinista, es el administrador y único accionista de la constructora adjudicataria del 7% de los contratos suscritos por la institución provincial.