La Generalitat pide paciencia, aplicará mano dura a las eléctricas y será vigilante con Fomento

Mano dura con las compañías eléctricas, más control a las inversiones de Fomento y petición de más dosis de paciencia a los ciudadanos. Éstos son los tres grandes mensajes que el Gobierno catalán lanzará hoy al ruedo parlamentario ante el rosario de fiascos en la electricidad, los trenes y las autopistas que han sufrido principalmente los barceloneses. A la Cámara autonómica están citados para rendir cuentas dos consejeros, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y el presidente de Red Eléctrica, Luis Atienza. Mañana le toca el turno a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en el Congreso de los Diputados.

Una nueva avería causa retrasos de 30 minutos a una hora en Cercanías e interrumpe el tren al aeropuerto

Nadal: "Hay que ser realistas. Por mucho que gastemos, los resultados no se notarán hasta dentro de unos meses"

La sesión del Parlamento catalán había sido convocada a raíz del grave apagón que afectó a 350.000 abonados el 23 de julio en Barcelona. Pero la agenda política ha reventado por la deriva de otras infraestructuras, como el servicio de Renfe Cercanías y la aglomeración de hasta 70 kilómetros en la AP-7, la llamada autopista del Mediterráneo. Ayer mismo, una avería técnica por las obras del AVE causó retrasos de entre 30 minutos y una hora en las líneas de Cercanías 2 y 4, además de en algunos regionales. Además, desde las 18.30, los trenes al aeropuerto dejaron de funcionar y hubo que poner en servicio 33 autobuses. Montilla acababa de reunirse con cuatro miembros de su gabinete para preparar las comparecencias de hoy.

La Generalitat carece de competencias en muchos de esos ámbitos, pero el Gobierno del socialista José Montilla quiere transmitir que está al pie del cañón y pretende trasladar a la opinión pública las actuaciones realizadas ante este cúmulo de despropósitos infraestructurales. El consejero de Economía, Antoni Castells, del que depende Energía, desgranará una nueva ley autonómica para atar en corto a las eléctricas. El objetivo es aumentar la calidad del suministro eléctrico e intensificar los controles sobre las inspecciones. La norma, que se trasladará al Parlamento catalán en septiembre, obliga a que las compañías cuenten con una subestación móvil, aporten más información sobre el estado de las redes y las incidencias, e incrementen las indemnizaciones.

La Generalitat aún no ha culminado el expediente informativo abierto para esclarecer las responsabilidades del coma eléctrico en Barcelona. No obstante, las primeras conclusiones del Ejecutivo catalán apuntan a que el apagón se debió a factores como la insuficiente inversión en redes, el deficiente mantenimiento y el diseño de red.

De momento, Endesa y Red Eléctrica se han estado pasando la una a la otra la responsabilidad. Hoy lo podrán hacer en sede parlamentaria, ya que el presidente de REE, Luis Atienza, y el de Endesa, Manuel Pizarro, hablarán a los diputados en lo que serán dos comparecencias insólitas. Esquerra e ICV-EUiA pedirán "mano dura" contra las eléctricas y "sanciones ejemplares".

El Gobierno catalán tiene competencias para sancionar a las distribuidoras de electricidad -es decir a Endesa, y no a Red Eléctrica-. Desde 2004, ha cobrado a Endesa 1,4 millones de euros en multas, a los que se sumarán los 2,2 que espera cobrar en breve y que corresponden a la multa inicial de 6 millones impuesta por el gran apagón de diciembre de 2001, rebajada por los tribunales.

Pero con inversiones o no, las soluciones van para largo. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, advierte de que "es imprescindible hacer un baño de realismo, ya que por mucho dinero que estemos gastando, los resultados no se notarán hasta dentro de unos meses, y esto no es una excusa, sino decir la verdad para que la gente no piense que es posible hacer milagros".

Nadal, al igual que Castells, explicará todas las medidas que está adoptando para aliviar las deficiencias en infraestructuras, como en la AP-7 y en el aeropuerto de El Prat. El consejero recalcó ayer que las continuas averías son "consecuencia de años de falta de inversión". Y a este respecto, opinó que el nuevo Estatuto es una solución "tangible" para solucionar la situación si se cumplen los compromisos en infraestructuras.

Además, prometió que cuando el Gobierno traspase la gestión de Cercanías a Cataluña -enero de 2008-, el Ejecutivo autónomo controlará más de cerca las inversiones de Adif, que es la propietaria de la infraestructura ferroviaria. Nadal, al igual que hiciera Montilla el día anterior, lanzó una pulla al Ministerio de Fomento y opinó que tendría que haber decidido antes la puesta en marcha de la oficina de seguimiento ferroviario en Barcelona, que ha supuesto el traslado del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, a Barcelona, el sábado pasado. Montilla opina lo mismo.