Ola de expropiaciones en la costa
La Xunta adquirirá 3 millones de metros cuadrados en el litoral para 26 nuevas piscifactorías
Una ola de expropiaciones golpeará en los próximos años la costa gallega. La Consellería de Pesca adquirirá por esta vía más de tres millones de metros cuadrados de terrenos en el litoral del país para construir en ellos piscifactorías. El departamento de Carmen Gallego ha elegido ya 26 parcelas junto al mar en las que, a su juicio, la actividad de estas industrias no dañará parajes de valor ecológico que no hayan sido ya alterados con el beneplácito de los gobiernos del PP.
La Xunta obligará a las plantas a superar un estudio de impacto paisajístico. El sector cree que este nuevo requisito no será insalvable
La mitad de las 26 granjas propuestas por Pesca están cerca de áreas protegidas por la Red Natura. Algunas invadirán estas zonas con sus tuberías
Los ecologistas, por contra, sostienen que las granjas marinas propuestas en el nuevo plan de Pesca afectarán a una decena de zonas protegidas y contaminarán el mar con "residuos orgánicos, antibióticos y productos químicos". Los representantes del sector acuícola defienden la limpieza de su actividad: "Devolvemos el agua al mar prácticamente igual a como la cogemos".
Sin borrar su estela de polémicas ecológicas y vecinales, el negocio de las piscifactorías estrena en Galicia una nueva época. Según el Plan de Acuicultura redactado por Pesca, las granjas marinas que se levanten a partir de ahora lo harán en una parcela que les alquilará la Xunta tras expropiársela a los vecinos. Estas instalaciones deberán someterse a un estudio de impacto paisajístico, un nuevo trámite establecido en la Lei de Protección da Paisaxe de Galicia que aprobará este año el Parlamento.
"Nos lo están poniendo muy difícil", se queja Fernando Otero, portavoz de la Asociación de Productores de Rodaballo. La elección de emplazamientos de Pesca no significa que esos proyectos se vayan a ejecutar. Cada uno de ellos deberán superar una tramitación urbanística y medioambiental que, probablemente, deje alguna de estas piscifactorías en el camino. Otero descarta, sin embargo, que los nuevos estudios de impacto paisajístico vayan a ser un obstáculo insalvable. "El impacto paisajístico ya está muy controlado en las plantas gallegas, porque se estudia específicamente la forma de mimetizar las granjas con el entorno", sostiene. Los tanques, añade, son verdes para integrarse mejor en el entorno natural.
Y es que el impacto de las piscifactorías en la naturaleza ha provocado en Galicia turbulencias políticas y económicas. Tras paralizar en 2005 un proyecto del anterior Gobierno para que Pescanova levantase una gran planta en cabo Touriñán, el bipartito prometió que, a diferencia del PP, no autorizaría ninguna instalación en parajes protegidos por la Red Natura. Meses después, la Xunta matizó que sólo permitiría la invasión de espacios preservados en ampliaciones de plantas ya ubicadas en Red Natura.
De esta manera, de los 26 emplazamientos propuestos en el Plan de Acuicultura hecho público por Pesca, cuatro ocupan parcelas incluidas en la Red Natura: Ardía (O Grove), Bico da Ran (Cambados), Lira (Carnota) y Meirás (Valdoviño). El propio plan advierte de la cercanía a espacios protegidos de otras nueve plantas: Punta Moreiras (O Grove), Couso-Aguiño (Ribeira), Sera (Porto do Son), Laxe Brava (Ribeira), Merexo (Muxía), Camelle (Camariñas), Xandriña (Camariñas-Vimianzo), Seiruga (Malpica) y Morás (Xove).
Algunas de estas granjas próximas a parajes de gran valor están separadas del mar sólo por terrenos incluidos en la Red Natura o con hábitats prioritarios. Las empresas del sector reconocen que en ese caso será inevitable invadir estas parcelas protegidas, ya que es preciso instalar en ellas un foso de bombas para llevar el agua hasta la planta. Esta instalación, alega Fernando Otero, se ubica bajo tierra.
Según el portavoz de la Asociación de Productores de Rodaballo, el agua en esas zonas se devolverá al mar casi tan limpia como se recogió. "No hay un sólo sector en la industria alimentaria que tenga unos límites de emisión de vertido menores que los de la acuicultura marina", señala, "y Augas de Galicia nunca ha puesto una sanción a una piscifactoría por rebasar los límites". Otero admite que en Galicia funcionan granjas marinas que aún no tienen autorización de vertido, pero lo achaca a problemas técnicos y subraya que Augas de Galicia realiza en todos los casos inspecciones periódicas.
La asociación ecologista Adega sostiene, sin embargo, que el líquido que vierten las piscifactorías al mar supera los límites legales en varias sustancias. La agrupación cita unos análisis efectuados por las universidades de A Coruña y Santiago al agua recogida en las tuberías de la planta de Quilmas (Carnota). "Los fosfatos en los vertidos superan en 10 veces los límites legales, los compuestos nitrogenados en 27 veces, la cantidad de de materia orgánica total rebasa en 69 veces los valores máximos, y el consumo de oxígeno y la tasa de sólidos en suspensión multiplican por 138 la máxima permitida", sostienen desde Adega.
Los ecologistas piden que las piscifactorías se alejen de la costa, una medida que las empresas rechazan. "La rentabilidad es mayor cuanto más próxima esté la planta al mar", explican los productores de rodaballo, que reconocen que la acuicultura en Galicia es un negocio boyante. Nadie en el sector se ha molestado en calcular a qué distancia máxima tendrían que estar las granjas marinas para dejar de ser rentables.
Pesca propone ampliar una planta ilegal
El Plan de Acuicultura presentado por Pesca respalda un controvertido proyecto que ya estaba presente en el documento elaborado por el anterior gobierno que el bipartito decidió revisar. La consellería de Carmen Gallego es partidaria de ampliar en 88.000 metros cuadrados la granja marina de Mougás, en el municipio pontevedrés de Santa María de Oia. Esta piscifactoría, propiedad de Insuíña, filial de Pescanova, fue declarada ilegal por la propia Xunta en 2005 y su construcción es objeto de un proceso judicial por el que han sido imputados desde miembros del anterior gobierno de Oia hasta el director de Insuíña.
La Dirección Xeral de Urbanismo del anterior Gobierno gallego dictaminó en 2005 -cuando Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Política Territorial- que la piscifactoría de Mougás debía ser derribada porque Pescanova la ejecutó "sin la preceptiva autorización autonómica" y sin ajustarse a la licencia municipal de septiembre de 1999, ya que triplicó la edificabilidad permitida.
En estos dos años, la orden de derribo no se ha cumplido y en este tiempo el Juzgado número 1 de Tui ha abierto una investigación sobre el caso tras una denuncia presentada por la Guardia Civil. La juez ha imputado a concejales del anterior gobierno popular de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial acuícola de Pescanova. Pese a todas estas incidencias, la Consellería de Pesca apoya la reforma de la piscifactoría alegando que deben ser otras consellerías las que, durante la tramitación de los permisos, decidan si es viable ampliar una instalación ilegal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Expropiación urbanística
- VII Legislatura Galicia
- Piscifactorías
- Consejerías autonómicas
- Infracciones urbanísticas
- Corrupción urbanística
- Acuicultura
- Provincia Pontevedra
- Xunta Galicia
- Agricultura ecológica
- Financiación autonómica
- Delitos urbanísticos
- Parlamentos autonómicos
- Pesca
- Océanos y mares
- Gobierno autonómico
- Corrupción política
- Galicia
- Ayuntamientos
- Espacios naturales
- Corrupción
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Desarrollo urbano