Una juez amenaza con paralizar la exhumación de 15 cadáveres de la Guerra Civil en A Fonsagrada

Hoy estaba previsto que la Asociación para la Memoria Histórica procediese a la exhumación de los cadáveres de 15 republicanos enterrados en una fosa entre O Acebo y Grandas de Salime, cerca de A Fonsagrada, tras haber sido fusilados por un grupo de falangistas y de guardias civiles el 29 y 30 de octubre de 1937. Sin embargo, la operación corre el riesgo de no realizarse, ya que, según el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica, Santiago Macías, la juez de Castropol, jurisdicción a la que pertenece Grandas de Salime, ha intentado prohibir la actuación. Macías señala, con todo, que la titular del juzgado no acompañó sus palabras de ningún documento.

Macías cree que la cuestión de fondo es que a la juez "no le gusta" su labor, aunque advierte que cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Presidencia. El presidente del colectivo explica que en la mañana de ayer "por cortesía" se dirigieron a los juzgados de esta localidad del oeste asturiano para informarles de la exhumación. Allí se toparon con la oposición de su titular: "De las 90 fosas que exhumamos, es la primera ocasión en que nos ponen obstáculos la justicia".

En palabras de Macías, la jueza los recibió con un tono de voz "bastante poco amable" y los instó a no promover ninguna iniciativa para recuperar los cadáveres. El presidente de la asociación asegura que "no tiene ni idea de por qué intenta parar nuestra labor". En caso de que mañana se les impida acometer sus planes, el colectivo acudirá a la justicia.

Esta sepultura podría albergar al comandante Moreno Torres y otros compañeros suyos del Batallón Galicia, en su mayoría anarquistas, que fueron capturados cuando se dirigían a A Coruña tras luchar en Asturias. Más de 20 personas ejecutarán la exhumación: cuatro arqueólogos, dos componentes de Psicólogos sin Fronteras y varios voluntarios, entre ellos un japonés.

La historiadora Carmen García Rodeja coincide con Macías en que comunicar la exhumación al juzgado es "un trámite rutinario" para que el juez "tenga constancia directa" de que la asociación trabaja en la zona.