El juez de la huelga

La directa prohibición de una huelga (cuyo inicio estaba previsto para ayer) en los ferrocarriles alemanes por parte de un juez de Núremberg ha causado sorpresa por la falta de antecedentes conocidos. Sin embargo, el argumento del juez es similar al que suelen invocar las asociaciones de consumidores y otras instituciones ciudadanas cada vez que hay paros en los servicios públicos: la falta de proporcionalidad entre los motivos de los huelguistas y el mal que causan a millones de usuarios convertidos en rehenes de su causa. El debate enlaza con el que se viene produciendo en varios países europeos, incluyendo España, sobre la necesidad de fijar unos servicios mínimos que palíen el efecto de esos paros sobre la población.

La huelga había sido convocada por el principal sindicato de maquinistas de la empresa nacional de ferrocarriles (Deutsche Bahn), en exigencia de un convenio separado, con mayores subidas, dada la especial responsabilidad que asumen los conductores. Ese aspecto de su plataforma cuenta con apoyos incluso dentro del Gobierno. Sin embargo, el recurso a la huelga en un transporte público en plenas vacaciones podría afectar a 10 millones de viajeros y provocar pérdidas enormes a la compañía, embarcada en un proceso de privatización. La prohibición judicial del paro contará por ello con un respaldo mayoritario de la población, según parecen haber entendido los propios convocantes, que ayer se comprometieron a respetar la resolución y pidieron una mediación.

La semana pasada se aprobó en Francia una ley sobre esos servicios mínimos -una de las promesas electorales de Sarkozy- que ha soliviantado a los sindicatos y provocado un recurso de los partidos de izquierda ante el Consejo Constitucional. En España no existe una ley de huelga, porque un proyecto en discusión decayó por disolución anticipada de las Cortes en 1993. El asunto más polémico siempre fue el de los servicios mínimos en sectores como sanidad y transportes públicos. Tras las desgraciadas experiencias de su sistemático incumplimiento en huelgas con gran impacto ciudadano convocadas por sindicatos corporativos, existe un acuerdo tácito sobre la necesidad de su regulación, preferentemente en frío y no una vez desencadenado el conflicto. A pocos meses de las elecciones, y en un clima de paz social como el actual, ¿no sería el momento de intentar retomar el proyecto de una ley que abordase ésa y las demás cuestiones que suelen plantear los movimientos huelguísticos en caliente?