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Reportaje:

Reuniones muy delicadas

Los puntos de encuentro familiar, un servicio para parejas con antecedentes de maltrato, reciben las críticas de las usuarias

A simple vista, nadie diría que ése es un sitio en donde las tensiones están siempre a flor de piel. Nadie pensaría que ese local de barrio, en el bajo de un edificio de cuatro plantas, oculta tremendas historias de violencia y de abusos. Está algo escondido, detrás de unos setos que forman un pequeño jardín cuadrado. Hasta su puerta (de rejas) se puede llegar bordeando el jardín, por la derecha o por la izquierda. El tipo de acceso podría ser algo trivial, pero resulta importante cuando se trata de que las personas que van allí no crucen sus caminos. Paradójicamente, en el lenguaje oficial, se llama "punto de encuentro familiar' (PEF).

"Muy señores míos: por la presente queremos poner en su conocimiento que somos un grupo de madres usuarias del Punto de Encuentro de Móstoles y queremos plantear la situación de incomodidad, incomprensión y, a veces, trato inadecuado recibido cuando utilizamos este servicio social". Así comienza la carta, que no ha sido aún enviada a ninguna parte, pero que han suscrito al menos ocho mujeres de ese municipio. La enseñan con manos temblorosas e inseguras: "Tenemos mucho miedo, queremos que se sepa lo que está pasando, pero nos asusta que se enteren aquí -en el PEF- de quiénes somos y que manden informes al juzgado desfavorables para nosotras y nuestros hijos".

La función es facilitar el régimen de visitas de los menores a sus familiares

Los llamados PEF nacieron a principios de 2001. Pero su apogeo llegó a partir de 2003, cuando entró en vigor la Ley Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Y más aún en 2005, cuando se crearon los tres juzgados de violencia sobre la mujer. De la Comunidad de Madrid dependen nueve de estos puntos, aunque se supone que habrá 11 en 2008. Y el Ayuntamiento creó otros tres en la capital y aspira a contar con cuatro más en 2011. Sin embargo, en ambos casos, son centros de gestión indirecta, es decir, que aunque son públicos y gratuitos salen a concurso público para que otras empresas o entidades se encarguen de su gestión a cambio de 120.000 euros al año, por ejemplo, que es lo que invierte en cada uno anualmente la Comunidad de Madrid, que atendieron 457 casos en 2006.

"En problemas difíciles, donde los niños sufren las consecuencias, nos dicen que no son personal cualificado para solucionar o informar sobre la situación" o que "de eso no nos encargamos; debéis hablar con vuestros abogados", describen las mujeres en su carta. "Si no es personal cualificado, no entendemos depender de su valoración (basada en 10 minutos) y en los informes que envían periódicamente al juzgado", plantean.

En teoría, los puntos de encuentro tienen como función facilitar el régimen de visitas de los menores con sus familiares en casos en los que la ruptura haya requerido una intervención judicial. Se trataría de garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores en un lugar físico idóneo, neutral y seguro. Y, en teoría, cuentan con "un equipo interdisciplinar, con formación específica y experiencia acreditada, de ocho personas", según la Concejalía de Asuntos Sociales. O "de dos titulados superiores, dos de grado medio y un auxiliar administrativo", en los que dependen de la Consejería de Asuntos Sociales. "Entre seis y ocho personas de media por centro con formación en Psicología, Derecho y Ciencias Sociales", dice Carmen García, directora de la empresa Espacios de Mediación, SL, que gestiona desde 2003 cinco de los puntos de encuentro de la Comunidad. El de Móstoles es uno de ellos.

"Las quejas que hemos recibido siempre han estado en función del caso particular. ¡Claro que se puede mejorar! Esas quejas coinciden con nuestra percepción de que los principales problemas y resistencias provienen, casi siempre, del progenitor custodio, que suele ser la madre y que es quizá la que tiene que modificar más sus actitudes", dice García, que asegura que pidió una excedencia de su empleo de funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid, donde era jefa de reinserción de Servicios Sociales, para montar su empresa.

Según García, el 35% de los casos que atienden en sus PEF son casos de violencia doméstica, y reconoce: "Para estos casos, los puntos de encuentro no son la mejor solución, porque para desarrollar ese régimen de visitas tiene que haber más garantías de seguridad".

"Cuando en las citas programadas o en las salas de intercambios exponemos nuestra situación, miedos o problemas, encontramos críticas y enjuiciamientos que después nos condicionan para hacer cualquier comentario por si se desvirtúa o se utiliza negativamente en los informes, que en gran parte no se corresponden con la realidad", continúa la carta redactada por las ocho mujeres.

Según García, en los puntos de encuentro que gestiona su empresa se realizan al menos 50 informes cada mes y medio de manera conjunta con todos los profesionales, y se envían al juzgado correspondiente a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). "Nosotros sólo podemos informar de lo que ocurre en el punto de encuentro, no lo que ellas digan que ocurre; además, la relación de las familias con nosotros no debería ser de más de un año, porque se cronifican los problemas y se judicializan y enquistan las relaciones", dice. Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, asegura que los informes "suponen una gran responsabilidad porque pueden hacer polvo a cualquiera de los dos de la pareja y los juzgados los tienen muy en cuenta, por lo que los que los elaboran debería ser personal muy acreditado para esa función".

En el IMMF se asegura que se trata de un servicio con una demanda cada vez mayor, y que eso es sinónimo de que funciona. Sin embargo, no se muestran muy seguros de que se realice una lectura de los informes que se emiten desde los puntos de encuentro: "Creo que los funcionarios sí se los leen, y que hay un seguimiento de cada caso", dice la nueva gerente de la institución, Paloma Martín.

Carmen González, adjunta al Defensor del Menor, reivindica "un marco genérico normativo para homologar los criterios de actuación que refleje la cualificación de los profesionales, la ratio de actuación de los centros, etcétera, para un terreno tan minado".

"Como pueden comprobar, lo que buscamos es que nos escuche y ayuden a solucionar los problemas que existen en este servicio social para proteger a mujeres y menores con la dura experiencia de malos tratos", concluye la carta que firman las ocho mujeres que todavía hoy viven esos puntos de encuentro como de "encontronazo".

De servicio a negocio

Las quejas de las mujeres de Móstoles no son las únicas recibidas en relación con el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. "La experiencia, en general, no es buena; en nuestra asociación se ha llegado a la conclusión de que en materia de violencia de género hay un posicionamiento a favor de los maltratadores y hay poca delicadeza a la hora de tener en cuenta las órdenes de alejamiento; además, hemos constatado la falta de formación de las personas que los integran", asegura Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

A la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas también ha llegado un "aluvión" de quejas, según su presidenta, Ana María Pérez del Campo, que explica: "Los puntos de encuentro no existirían si no hubiera maltrato; los maltratadores son sus clientes, porque si no existieran ellos no habría necesidad de esos centros y se acabaría el negocio. El hecho de que hagan informes descafeinados, como denuncian las mujeres, tiene que ver también con eso: si hacen informes desfavorables a sus ex maridos, les restringirán el régimen de visitas y ya no tendrán que ir al punto de encuentro, y se acabó el negocio. O sea, que lo que es perverso es que hayan dejado que un servicio social como éste se convierta en un negocio".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de agosto de 2007

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