Sanxenxo rechaza paralizar doscientas viviendas que la Xunta considera ilegales

"La administración local no está desafiando a nadie, sólo defiende a los vecinos". Estas son las palabras de Carolina González, alcaldesa de Sanxenxo por el Partido Popular, sobre la posible suspensión de dos planes de urbanización en el municipio que suman 199 viviendas. El pasado 7 de mayo, la corporación municipal aprobó los planes parciales del SU-22, en Major-Noalla, y el SU-18, en Montalvo-Adina. En ese momento empezó una lucha legal entre el consistorio y la Consellería de Medio Ambiente, que lleva camino de acabar dirimiéndose en los tribunales.

El plan parcial de Montalvo prevé la construcción de 38 viviendas unifamiliares en las cercanías de la playa de Montalvo, "aunque las construcciones se realizarán detrás de la carretera, lejos de la costa", afirman desde el ayuntamiento. La consellería dio el pasado 5 de julio un mes de plazo para que se anulara, al considerar que "el proyecto de Montalvo no fue remitido para su informe de evaluación". Pero desde el consistorio se afirma que fue la propia Xunta la que previamente emitió un informe decretando que esa evaluación no era necesaria.

El 10 de febrero de 2006, la gerencia de Urbanismo de Sanxenxo remitió un informe de evaluación ambiental. El 6 de abril de ese mismo año, el director general de Calidade e Avaliación Ambiental, Joaquín Buergo, respondió que, tras estudiar todas las características del proyecto, se consideraba que "no es necesario someter al trámite de evaluación de impacto ambiental" a dicho plan. El asunto quedó cerrado entonces.

Sin embargo, la aprobación definitiva del proyecto el 7 de mayo y su puesta en marcha no gustó en la Consellería de Medio Ambiente, que reclamó su anulación. Según la Xunta, el informe al que se refieren desde el ayuntamiento era válido con la ley del 2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural. Pero, en julio de 2006, entró en vigor una nueva ley que afecta a todos los planes y programas que no estuvieran aprobados definitivamente antes de esa fecha. El proyecto de Sanxenxo tendría que haberse sometido a la nueva regulación y pedir de nuevo los informes de evaluación. Como el plazo dado por la Xunta expiró ayer sin respuesta municipal, Medio Ambiente ya ha remitido el asunto a la asesoría jurídica del Gobierno autónomo.

Una disputa parecida sobre la aplicación de la ley se ha suscitado a raíz de un proyecto, aprobado en Major, en la parroquia de Noalla, que contempla la construcción de 161 viviendas unifamiliares, situadas al otro lado de la carretera que une Sanxenxo con la playa de A Lanzada, detrás de las instalaciones del circuito de coches que se encuentra allí. Está siendo promovido por la inmobiliaria de Nino Mirón, presidente del Pontevedra CF, y los dueños del circuito. El gobierno local "tiene la certeza" de que el plan, aprobado por el Servicio Territorial de Costas, "cumple la ley". Medio Ambiente insiste en que, como el otro proyecto, necesita un estudio de impacto. También en este caso ha expirado el plazo concedido por la Xunta, que estudia posibles acciones judiciales.