Las otras inversiones públicas necesarias

Las cárceles españolas tienen una capacidad de 35.000 internos; con esa cantidad de presos estaríamos en el óptimo, sería la cifra adecuada para cumplir el doble mandato constitucional: individualizar el tratamiento resocializador de los penados y garantizar la integridad física y psíquica de los presos preventivos.

La cifra que, sin ser óptima, se considera todavía funcional para la intervención penitenciaria, y por tanto soportable por el sistema, sería de 45.000 internos; la alcanzamos en 1993. Desde entonces el incremento de la población reclusa ha sido progresivo; en julio pasado se rompió uno de los techos de cristal penitenciarios: nuestras cárceles superan desde entonces los 66.000 internos.

España es el único país de la UE-27 donde las prisiones están, orgánica y funcionalmente, vinculadas al Ministerio del Interior y no al de Justicia, desde 1996 han sido utilizadas como una herramienta policial, por otro lado, poco útil. Así concebida la cárcel se convierte en un almacén de delincuentes, sin que el hacinamiento cause mayor disfunción que la de provocar la construcción de nuevas cárceles (se prometieron ocho más, hasta el año 2012), alejadas, eso sí, de los núcleos urbanos para que sean menos costosas e invisibilizar mejor a sus ocupantes.

Por otro lado, la organización de los servicios y las funciones de los puestos de trabajo están todavía regulados por el Reglamento de 1981.

Con una organización del trabajo evidentemente obsoleta, y con unos centros manifiestamente incapaces, creo que la reforma y mejora del servicio público penitenciario se ha convertido en una urgencia inmediata e ineludible, que la sociedad exige y que el Gobierno debe asumir, aunque suponga un gasto menos rentable electoralmente que otras inversiones públicas ya anunciadas.