El Consell recurre a una interpretación y legaliza las licencias de construcción en Torre La Sal

La Consejería de Medio Ambiente se ha acogido a una interpretación de mínimos de la declaración de impacto ambiental del programa urbanístico de Torre La Sal para legalizar las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Cabanes a la adjudicataria, el grupo Marina d'Or. El consistorio autorizó a la empresa a construir un millar de apartamentos cuando aún no se cumplían los requisitos exigidos por la declaración de impacto, que condicionaba el desarrollo a la garantía de existencia de recursos hídricos. Reclamaba que estuviera "asegurada y debidamente autorizada la construcción y puesta en funcionamiento" de una desaladora y que estuvieran "ejecutadas y finalizadas las actuaciones del proyecto de saneamiento y depuración de Oropesa-Cabanes de forma previa a la urbanización del sector".

El informe de Medio Ambiente que da luz verde a la urbanización de 1,2 millones de metros cuadrados en el último tramo virgen de la costa castellonense apunta que "podría ser suficiente" con que las obras de la desaladora se ejecuten de forma simultánea a las obras de urbanización del sector y que la construcción de la depuradora se finalice antes de que acabe dicho desarrollo y no de forma "previa" a la urbanización.

Tras varias denuncias, la consejería llegó a requerir al ayuntamiento para que anulara las licencias. Sin embargo, el segundo requerimiento efectuado por el Consell, previo a la presentación de un contencioso, ha llegado cuando la empresa pública Acuamed ya ha licitado la redacción del proyecto de construcción de dicha desaladora, lo que para Medio Ambiente ya es trámite suficiente para seguir adelante con el desarrollo urbanístico. Fuentes de Medio Ambiente confirmaron ayer que "se ha cumplido el condicionante" pero no explicaron si el ayuntamiento recibirá algún tipo de sanción por haber otorgado las licencias antes de cumplir con los requisitos exigidos.

El informe de Medio Ambiente, que atiende la argumentación ofrecida por el Ayuntamiento de Cabanes, fue comentado ayer por la empresa adjudicataria, el grupo Marina d'Or, que arremetió contra el concejal de Esquerra Unida de Cabanes, Carles Mulet, que desveló el requerimiento del Consell para que se anularan las licencias.