El incendiario detenido puede ser condenado a 20 años de cárcel

El vigilante forestal que provocó el incendio de Gran Canaria en el que han ardido ya 20.000 hectáreas puede enfrentarse a una pena de cárcel que variará según el resultado final del incendio hasta los 20 años de prisión.

La lucha legal contra los fuegos intencionados es compleja. Casi todas las investigaciones acaban archivadas pese a las evidencias de intencionalidad. El Código Penal castiga a los incendiarios con penas dispares que se deciden en función de la gravedad del fuego y el peligro en que pongan la vida de personas. Si se prueba que un incendiario actuó intencionadamente, amenazando vidas humanas, y con plena conciencia del peligro que ocasionaba, puede enfrentarse a una pena de hasta 20 años. Estos casos son poco comunes porque implican que el imputado reconoce su culpa y confiesa que era consciente de las posibles consecuencias de sus actos.

En los últimos años, varios incendios intencionados se han castigado con penas de cárcel, aunque sólo una condena ha alcanzado los diez años de prisión:

- El pirómano ecologista. Juan José Cosín, de 39 años y miembro de un movimiento ciudadano contrario a la instalación de un almacén de pararrayos radioactivos en Los Serranos (Valencia), destruyó 5.300 hectáreas de pinos en 1994. Las llamas duraron dos semanas y obligaron a desalojar a 800 vecinos. El valor ecológico de la zona resultó un agravante. Al acusado no se le pudieron imputar más incendios a pesar de que la Guardia Civil identificó un vehículo igual al suyo, una furgoneta roja cargada de latas de combustible, en fuegos anteriores. Fue condenado a diez años de prisión y una multa de 30.000 euros.

- Reincidente a la espera de juicio. J. M. G., un pirómano de 42 años con una causa pendiente por otro incendio en 1999, provocó en 2001 un incendio forestal con tres focos que duró cuatro días y arrasó 270 hectáreas en Ojén (Málaga). A pesar de reconocerle una merma en sus capacidades, la sentencia no eximió de la pena al incendiario. Fue condenado a ocho años de cárcel y 385.000 euros de indemnización a los propietarios de las viviendas afectadas por el fuego.

- Incendio por venganza. En 2003 los juzgados rechazaron el último recurso del propietario de unas tierras en Puerto del Moral (Huelva) que decidió quemar las fincas de sus vecinos como parte de una venganza. Previamente recogió su propio ganado y limpió sus tierras. Ardieron pastos, matorral y 330 olivos. Fue condenado a dos años de prisión y una indemnización de 2.610 euros.

- Un asunto de familia. En 2004, padre e hijo prendieron con mecheros 31 puntos distintos de monte en Las Machorras (Burgos) para obtener terrenos de pastoreo. Costó dos millones de euros extinguir el incendio. Fue condenado a año y medio de prisión.