Segundo varapalo a los planes de Marina d'Or

El requerimiento del Consell al Ayuntamiento de Cabanes, por licencias otorgadas de forma irregular al grupo Marina d'Or, se suma a la demanda presentada contra el Ayuntamiento de Oropesa por otro programa adjudicado al mismo grupo empresarial. Debido a que el Ayuntamiento de Cabanes ha hecho, de momento, caso omiso a la exigencia del Consell, ya que en el expediente no consta el exigido acuerdo de anulación de las licencias, la Generalitat llevará a los tribunales al consistorio de Cabanes al igual que hizo con Oropesa. Así, serán dos los procedimientos iniciados por el Gobierno autonómico que, de momento, frenan la expansión del complejo ya que ambos programas son colindantes con las construcciones ya ejecutadas.

En Les Amplàries, la zona más cercana al complejo Marina d'Or, la anulación del programa supondría la suspensión de construcción de las alrededor de 4.000 viviendas previstas en los 350.000 metros cuadrados que abarca el programa.

En Cabanes, el freno a las licencias impedirá, de momento, la puesta en el mercado de más de 1.000 viviendas de las 6.000 que se prevén para 1,2 millones de metros cuadrados junto al parque natural de El Prat.

En el caso de Oropesa, la Generalitat ha exigido que se anule la aprobación del programa cuando ya hay construcciones en marcha. Según vaticinó el concejal del Bloc en el ayuntamiento oropesino, Josep Lluís Romero, la anulación de ese programa, el de Les Amplàries, puede suponer la quiebra para el ayuntamiento en el caso de que la constructora exija indemnizaciones. Fuentes del grupo Marina d'Or mostraron su confianza en que el Consell dé macha atrás en su denuncia o que la resolución final les sea favorable pese a la "ilegalidad manifiesta" que detectó la Administración autonómica. Dichas fuentes no quisieron comentar la posibilidad de exigir indemnizaciones al Ayuntamiento.

Ayer, en un comunicado el grupo Marina D'Or salió al paso de la información difundida por Esquerra Unida con un escrito en el que indica que "todas las obras realizadas en la zona cuentan con la preceptiva licencia", hecho que no cuestiona EU. Según el escrito, el requerimiento "ha sido satisfactoriamente respondido" aunque según el edil no consta en el expediente. Además, indica que, a su entender, la condición previa al desarrollo era la "autorización" de la desaladora y no su construcción y puesta en marcha, tal como indica el Consell en su requerimiento. El caso de Torre La Sal, en Cabanes, podría reproducir lo ocurrido en Oropesa aunque, en este procedimiento, no se cuestiona el programa sino la concesión de licencias.

En ambos casos, el anterior director general de Ordenación del Territorio, Pedro Grimalt, figura como pieza destacada. En Oropesa fue él mismo quien firmó la aprobación de un programa rechazado por la comisión técnica. En Cabanes, el programa se aprobó bajo su mandato y fue él mismo quien requirió, en septiembre de 2006, al ayuntamiento para que "informara" de las licencias otorgadas de forma irregular en junio, tal como publicó EL PAÍS. El Ayuntamiento no contestó y no ha sido hasta ahora cuando el Consell ha tomado la determinación de exigir la anulación de las mismas.