Plan de choque para la siniestralidad
Los accidentes laborales, que el Gobierno quiere reducir en un 25%, cuestan 12.000 millones
Sólo el lunes tres personas murieron en España por culpa de otros tantos accidentes laborales. Dos más fallecieron el miércoles. Un verano aciago, que tuvo su peor momento con los cuatro muertos en la cementera de Carboneras (Almería). Esta cadena de desgracias coincide con el lanzamiento, esta semana, de las primeras medidas de la Estrategia 2007-2012, aprobada en junio por el Gobierno. El coste anual de la siniestralidad ronda los 12.000 millones de euros.
Habrá bonificación en la cotización de accidentes y enfermedad profesional para empresas que creen voluntariamente órganos preventivos
Sólo el lunes tres personas murieron por culpa de otros tantos accidentes. Dos más el miércoles. Un verano aciago, que tuvo su peor momento con los cuatro muertos en la cementera de Carboneras (Almería). Esta cadena de desgracias coincide con el lanzamiento, esta semana, de las primeras medidas de la Estrategia 2007-2012, aprobada en junio por el Gobierno. El coste anual de la siniestralidad ronda los 12.000 millones.
Los números cantan y son apabullantes. Los accidentes laborales con baja en 2006 fueron 1.030.912, un 3,2% más que en 2005. Los siniestros mortales, incluyendo los 375 que se produjeron de camino al trabajo o de vuelta de él, el pasado año fueron 1.338, apenas 31 menos que en 2005. Esta cifra implica que fallecieron por este motivo 6,3 de cada 100.000 trabajadores en España, frente a los 4,1 de media en la UE de los 15 [núcleo previo a las últimas ampliaciones a países del Este], según datos de CC OO a partir de estadísticas de Eurostat.
En términos fríamente económicos, el sindicato estima que el coste total de la siniestralidad en España se situó en 12.000 millones de euros en 2006, casi un 2% del PIB, una cantidad que incluye las jornadas perdidas, la asistencia sanitaria, las prestaciones económicas derivadas de las bajas laborales y las sanciones de la inspección de trabajo, entre otras contingencias cuantificables.
Las últimas cifras del ministerio de Trabajo, correspondientes al primer trimestre, indican que se produjeron 246.915 accidentes con baja, 2.536 más que en igual periodo de 2006. Los siniestros mortales fueron 227, nueve menos que el año anterior.
Para Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO, "son cifras insoportables". El desafío que se ha puesto el ministro Caldera es que en cinco años los accidentes se reduzcan como mínimo en un 25%. Nieto dice que la reducción debería ser al menos de un tercio.
La Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2007-2012, aprobada por el Gobierno el 29 de junio, es el eje que vertebra el plan de choque para lograrlo. Además de firmar un protocolo con jueces, policía y fiscales para que ningún accidente se quede sin juzgar, esta semana el Gobierno ha presentado el primer plan de acción de dicha estrategia quinquenal.
El plan inicial se desarrollará sólo hasta abril de 2008 para no rebasar el mandato del actual gobierno. Las pymes, en particular las de menos de 50 trabajadores, son las más involucradas. El objetivo principal es que se impliquen directamente en la prevención, sin enajenar dicha tarea en empresas externas. Según el documento Estrategia 2007-2012, tres de cada cuatro empresas subcontratan la prevención. Para que cambie la tendencia, se simplificará el papeleo, incluyendo la dispensación de hacer farragosas auditorías, algo que, según Dolors Hernández, responsable de Salud Laboral de UGT, arredraba a las pymes a la hora de asumir la prevención.
Bonificaciones
Además, explica Raúl Riesco, director general de Trabajo, el plan de acción pone en marcha bonificaciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional para las empresas que creen órganos preventivos sin estar obligadas a ello. También prevé incentivos para la renovación de maquinaria obsoleta y la creación de órganos sectoriales y territoriales de prevención, formados durante la negociación colectiva e integrados paritariamente por sindicatos y empresarios.
Respecto a la introducción de un bonus en las cotizaciones de las empresas que acrediten un índice de siniestralidad por debajo de la media de su sector, Riesco recuerda que "hasta hoy ningún gobierno ha tenido el coraje de sacarlo adelante, entre otras cosas por su complejidad técnica, pero este obstáculo ya no existe desde comienzos de 2007, gracias a las nuevas tarifas de las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que nos permitirán comprobar mejor cuáles son las empresas que cumplen en este terreno". En septiembre se va a empezar a elaborar el texto normativo del bonus, con la intención de que a comienzos de la próxima legislatura pueda aplicarse.
El vaso medio lleno de las empresas de prevención
En España hay unas 600 firmas, con unos 35.000 empleados, dedicadas a ofrecer servicios de prevención. Las firmas con mayor plantilla se agrupan en ANEPA (Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas), cuyo presidente, Juan Carlos Bajo, reconoce que "la externalización no ha funcionado de forma perfecta". También considera que "la calidad media del sector es baja" y admite que "las compañías hacen un 20% de lo que legalmente deberían hacer, debido a que las empresas no les contratan más que en ese porcentaje".
Bajo confía en que la Estrategia 2007-2012 sirva para clarificar y mejorar al sector, y para aumentar las tareas contratadas. Como ejemplo cita las mediciones higiénicas de temperatura, humedad y disolventes. "Generan muchas enfermedades profesionales y apenas hacemos el 5% de las que deberían hacerse". En su opinión, el mayor déficit preventivo en España es el de especialistas en medicina del trabajo: "Se necesitan 6.000 más de los que hay y cada año sólo salen 120 del sistema universitario".
Incentivar que la prevención la haga cada empresa se traducirá en que "nos van a quitar la parte menos importante de nuestro trabajo". No obstante, Bajo tiene dudas acerca de la implicación de las pymes: "Pagar menos a la Seguridad Social no va a ser incentivo suficiente incentivo y las de menos de diez empleados no van a contratar personal para prevención".
La otra principal patronal del sector, ASPA (Asociación de Servicios de Prevención Ajenos), también prefiere ver la botella medio llena. "Nuestra petición", señala en un comunicado, "es que se dé prioridad a todas las reformas que afectan a las acreditaciones y criterios de funcionamiento de los servicios de prevención".
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