Aniversario del caos aeroportuario

Tal día como hoy del año pasado, el aeropuerto de Barcelona se sumió en el más profundo caos. Los trabajadores de tierra de Iberia ocuparon las pistas de aterrizaje y despegue en una protesta que llevaron a cabo sin previo aviso. Protestaban contra la concesión a otra empresa de los servicios de handling, los servicios de abastecimientos de aviones y transporte de pasajeros y equipajes a las naves.

El paro salvaje, que se prolongó 11 horas, afectó a más de 100.000 pasajeros, que vieron cómo sus vuelos se retrasaban hasta dos días, y provocó una situación de la que el aeropuerto tardó más de una semana en recuperarse. En el proceso judicial abierto hay unos 200 imputados, entre empleados de Iberia y delegados sindicales de UGT, CC OO, CGT y CISA.

El Juzgado de Instrucción de El Prat que lleva el caso aún no ha agotado la primera fase de investigación del proceso. Cerca de 50 personas han declarado y el juez debe pronunciarse sobre si citar a más imputados o bien enviar los autos al juzgado que deberá encargarse del juicio. "Todo hace pensar que continuarán las investigaciones", explica el abogado de parte de los imputados, Rafael Núñez.

El día 28 de julio, coincidiendo con una de las jornadas de mayor tráfico aéreo por el inicio de las vacaciones, el aeropuerto tuvo que cerrar ante la imposibilidad de hacer uso de las pistas, en las que se concentraron unos 200 trabajadores. Más de 30 aviones estuvieron sobrevolando El Prat sin poder aterrizar y tuvieron que ir a otros aeródromos. Unas 100.000 personas no pudieron salir de vacaciones, ni tampoco un número similar en las jornadas posteriores, en las que el aeropuerto intentó, con serias dificultades, recuperar la normalidad. El escenario de las terminales estaba muy cerca de parecer un campo de refugiados. Un sinnúmero de personas durmieron por todos los rincones, incluso sobre las cintas portaequipajes. Los servicios médicos atendieron emergencias por la acumulación de gente, el cansancio y los nervios. El aire acondicionado no funcionó y AENA, organismo estatal del que dependen los aeropuertos, dejó montones de cajas de agua por las terminales para que los sufridos usuarios se pudieran hidratar. Miles de maletas se perdieron o quedaron sin entregar.

Núñez insiste en que el proceso judicial debe tener en cuenta que la Guardia Civil no despejó las pistas hasta pasadas las cinco de la tarde. Los agentes detuvieron a nueve personas. La fiscalía se ha personado al contemplar la existencia de un posible delito de sedición, incluido en la ley procesal penal de navegación aérea. En caso de confirmarse, este delito prevé penas de cárcel. Otros delitos a los que podrían enfrentarse los inculpados son resistencia a la autoridad y daños por desperfectos sobre materiales diversos como los vehículos que los trabajadores cruzaron en medio de las pistas.

Iberia asegura que la plantilla ya ha cumplido con las sanciones que impuso a los trabajadores que participaron en la protesta. En total multó a 61 personas con suspensiones de empleo y sueldo de entre 60 y 16 días.

AENA mantiene que a principios de julio acabó de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los perjudicados, si bien no ha facilitado la cantidad total a la que ha tenido que hacer frente. En total se realizaron 17.110 solicitudes de compensaciones. El ente que gestiona el aeropuerto se comprometió a pagar, según una resolución del Consejo de Ministros, 250 euros por vuelo cancelado y 180 por maleta extraviada. AENA aseguró que reclamaría estas cantidades a los responsables de los incidentes, es decir, a Iberia.

Los trabajadores protestaron el 28 de julio de 2006 contra la liberalización del servicio de tierra, que siempre había estado en manos de Iberia. AENA concedió el servicio a tres nuevos operadores: Newco, Flichtcare y Groundforce. Esta competencia hizo que las concesionarias ofrecieran sus servicios por cantidades más bajas. El resultado ha sido la precarización del nuevo personal contratado, que ha conducido a una deficiente gestión de los equipajes, denuncian los propios trabajadores. Los afectados: los pasajeros que esperan la llegada de sus maletas.

Josep Esteve fue contratado en enero por Flightcare. Pero sólo aguantó cuatro meses en su puesto. "El salario es de 700 u 800 euros. Si se trabaja de noche, el plus de nocturnidad permite rozar los 1.000", explica. Las duras condiciones de trabajo, con la carga y descarga manual de los aviones, la falta de personal y la poca retribución hace que, como Esteve, muchos otros vayan dejando el empleo, lo que provoca mucha rotación y poca preparación. De los 15 que entraron con él, sólo quedan tres. En las últimas incorporaciones, destaca el gran número de personal de origen inmigrante, antes inexistente. "Son los que aceptan este tipo de trabajo con salarios bajos", explica otro trabajador. Los sindicatos denuncian que el personal no está formado y por ello hay incidencias.